El gobierno nacional abrió una nueva etapa de licitación para el dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía de exportación del país. La empresa belga Jan de Nul aparece otra vez como favorita en un proceso cuestionado por falta de controles, concentración extranjera y escasa participación estatal
La discusión por el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió al centro de la escena luego de que el gobierno de Javier Milei avanzara con un nuevo esquema de privatización del corredor fluvial más importante de Argentina. El proceso de licitación para el dragado y balizamiento de la vía navegable —por donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país— volvió a colocar en punta a la compañía belga Jan de Nul, firma que ya opera el sistema desde hace casi tres décadas y que concentra buena parte del negocio logístico sobre el río Paraná.
La decisión reactivó críticas de sectores políticos, sindicales y especialistas que desde hace años cuestionan la falta de control estatal sobre una infraestructura considerada estratégica para la economía nacional. Los cuestionamientos apuntan especialmente al modelo concesionado, donde empresas extranjeras administran tareas clave vinculadas al comercio exterior, peajes y profundidad de navegación. También crecen las advertencias sobre el impacto ambiental del dragado permanente y la ausencia de mecanismos transparentes de fiscalización sobre cargas, exportaciones y circulación de divisas.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo esquema permitirá mayor competitividad y eficiencia logística para el complejo agroexportador. Sin embargo, distintos sectores vinculados a puertos, trabajadores marítimos y economistas vienen reclamando una participación mucho más fuerte del Estado nacional y las provincias ribereñas en la administración de la vía navegable. La discusión tiene además un fuerte componente geopolítico: la Hidrovía conecta cinco países y constituye uno de los corredores comerciales más importantes de América del Sur.
En Santa Fe, el debate adquiere todavía mayor relevancia. Rosario y el cordón agroexportador dependen directamente de la actividad portuaria y del flujo comercial que atraviesa el Paraná. Por eso, detrás de la licitación no sólo se juega un negocio multimillonario sino también una discusión mucho más profunda: quién controla la principal puerta de salida de la riqueza argentina y bajo qué intereses se administran recursos estratégicos del país.