Un grupo de 120 empresarios, inversores y figuras públicas británicas sorprendió al reclamar al nuevo gobierno laborista que aumente la carga tributaria sobre las grandes fortunas. La iniciativa reabre el debate sobre cómo financiar los servicios públicos y combatir una brecha económica cada vez más profunda
Mientras en buena parte del mundo los sectores de mayores ingresos suelen resistir los aumentos impositivos, en el Reino Unido ocurrió un movimiento poco habitual. Un colectivo de 120 millonarios británicos firmó una carta abierta dirigida al flamante primer ministro Andy Burnham, en la que le solicita aplicar un impuesto permanente a las grandes fortunas para reforzar las cuentas públicas y reducir la desigualdad.
El documento fue impulsado por la organización Patriotic Millionaires UK, cuyos integrantes sostienen que quienes acumulan mayores patrimonios pueden realizar un aporte superior sin comprometer su nivel de vida.
«Podemos permitírnoslo», resume el mensaje central de la iniciativa, que sostiene que la presión fiscal no debería recaer sobre los trabajadores sino sobre quienes concentran grandes niveles de riqueza.
Una propuesta para financiar al Estado
Los firmantes argumentan que el Reino Unido atraviesa un escenario marcado por el deterioro de los servicios públicos, la crisis del sistema sanitario, el aumento del costo de vida y una creciente desigualdad patrimonial.
Por ello proponen crear un gravamen del 2% anual para patrimonios superiores a los US$13 millones, con el objetivo de obtener recursos destinados a salud, educación, infraestructura y programas sociales. Según sus impulsores, la medida permitiría fortalecer las finanzas públicas sin afectar a la mayoría de la población.
Entre los firmantes aparecen empresarios, herederos de grandes fortunas, inversores y personalidades reconocidas, convencidos de que el sistema tributario actual grava con mayor intensidad los ingresos provenientes del trabajo que la riqueza acumulada.
Un debate que divide a economistas y políticos
La propuesta generó un intenso debate en el Reino Unido.
Sus defensores sostienen que una mayor contribución de las grandes fortunas ayudaría a sostener servicios esenciales y reduciría una desigualdad que se profundizó durante la última década.
Los críticos, en cambio, advierten que un impuesto patrimonial podría incentivar la mudanza de capitales y de contribuyentes de alto patrimonio hacia países con menor carga fiscal, reduciendo inversiones y actividad económica.
El nuevo gobierno laborista enfrenta así uno de sus principales desafíos: cómo financiar sus promesas de expansión del gasto social sin comprometer la estabilidad fiscal ni desalentar la inversión.
Un fenómeno que trasciende al Reino Unido
El reclamo de estos millonarios forma parte de una corriente internacional que ganó fuerza en los últimos años. Organizaciones similares surgieron en Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países, impulsando la idea de que las grandes fortunas deberían contribuir en mayor medida al financiamiento del Estado.
Aunque todavía no existe consenso sobre la eficacia de este tipo de impuestos, el debate vuelve a instalar una pregunta de fondo: quién debe asumir el mayor esfuerzo fiscal en sociedades donde la riqueza continúa concentrándose en un porcentaje cada vez más reducido de la población.