La presentación judicial sostiene que el Presidente habría utilizado recursos del Estado para una agenda de carácter partidario durante su visita a Brasil. La denuncia también alcanza a Karina Milei y quedó radicada en la Justicia Federal
El viaje del presidente Javier Milei a Brasil volvió a quedar bajo la lupa judicial. Un abogado presentó una denuncia penal en la que acusa al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de presunta malversación de caudales públicos, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el uso de recursos estatales durante la visita al país vecino.
La presentación sostiene que el desplazamiento tuvo un carácter predominantemente político y partidario, por lo que cuestiona que se hayan utilizado el avión presidencial, personal de custodia y otros recursos financiados por el Estado para actividades que, según el denunciante, no respondían a una agenda institucional de la República Argentina.
El foco de la denuncia
La causa fue radicada en la Justicia Federal y plantea que el viaje a Brasil habría estado orientado a participar de actividades políticas y encuentros vinculados con dirigentes afines ideológicamente, más que a reuniones oficiales entre Estados. Sobre esa base, solicita que se investigue si existió un desvío de fondos públicos para fines ajenos a la función presidencial.
El escrito también cuestiona el incremento del gasto destinado a viajes oficiales y sostiene que esas erogaciones contrastan con la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional.
Una nueva presentación sobre los viajes presidenciales
No es la primera vez que el uso de recursos públicos para giras internacionales de Javier Milei llega a la Justicia. En 2024 ya se habían presentado denuncias por viajes al exterior en los que el Presidente combinó actividades oficiales con presentaciones de perfil político o personal.
En esta oportunidad, la nueva denuncia busca determinar si el viaje a Brasil respetó los límites que establece la legislación para el uso de bienes y fondos públicos por parte de las máximas autoridades del Estado.
El escenario político
La presentación judicial se produce en un contexto de fuerte polarización política y mientras el Gobierno mantiene una intensa agenda internacional. Como ocurre en este tipo de casos, la admisión de la denuncia no implica la existencia de responsabilidad penal, sino el inicio de un proceso para que la Justicia evalúe si existen elementos suficientes para impulsar una investigación formal.