La avanzada del gobierno de Javier Milei sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) encontró un freno judicial
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 42/2026, norma que habilitaba el cierre de más de 600 áreas y servicios técnicos dentro del organismo.
La resolución judicial llegó luego de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció un “vaciamiento” del instituto y advirtió sobre el impacto que tendría el desmantelamiento de laboratorios, áreas de control y equipos de investigación estratégicos para la industria nacional. El fallo prohíbe durante el plazo establecido cualquier despido, traslado de funciones, eliminación de sectores técnicos o movimiento de equipamiento vinculado al plan de reestructuración impulsado por el Ejecutivo.
El INTI cumple un rol clave en la certificación de calidad, control de procesos industriales, desarrollo tecnológico y asistencia técnica para pymes de todo el país. Entre otras funciones, participa en controles vinculados a alimentos, medicamentos, seguridad industrial, eficiencia energética y normas de producción. Por eso, desde distintos sectores científicos, sindicales y productivos alertaron que el recorte no sólo implicaba una reducción administrativa, sino también la pérdida de capacidades técnicas construidas durante décadas.
Uno de los puntos más cuestionados del ajuste era la eliminación de áreas de control vinculadas a la fiscalización de productos y procesos industriales. Especialistas y trabajadores señalaron que la reducción del organismo podía debilitar mecanismos de supervisión sobre calidad y seguridad alimentaria, además de afectar la capacidad estatal de auditoría en sectores sensibles de la economía.
Desde ATE celebraron el fallo como “un límite al desguace del Estado” y sostuvieron que la resolución judicial reconoce el riesgo de daño irreparable que implicaría avanzar con el cierre masivo de áreas técnicas. Mientras tanto, el gobierno nacional mantiene su política de reducción sobre organismos científicos y tecnológicos, en una ofensiva que ya impactó sobre universidades, institutos de investigación y agencias estatales vinculadas a la producción y la innovación.