Salarios de pobreza y condiciones críticas empujan a las cinco fuerzas federales a una marcha nacional el 2 de abril, en un golpe directo al corazón del gobierno
En un hecho sin precedentes recientes, las cinco fuerzas federales de seguridad se preparan para protagonizar una protesta conjunta en todo el país, en lo que ya se perfila como uno de los conflictos más delicados para el gobierno de Javier Milei desde su asunción.
La convocatoria, prevista para los próximos días, tiene un eje claro: el deterioro salarial y la crisis en las condiciones laborales dentro del sistema de seguridad federal. Pero su trasfondo es mucho más profundo: expone una fractura interna en uno de los pilares clave del Estado.
Salarios por debajo de la pobreza
El reclamo central es contundente. Según denuncian los propios efectivos, gran parte del personal percibe ingresos que han quedado por debajo de la línea de pobreza, en un contexto de inflación persistente y sin actualizaciones salariales significativas desde 2025. La situación no solo afecta el poder adquisitivo: muchos agentes se ven obligados a buscar ingresos extra para subsistir, algo que impacta directamente en la operatividad y la profesionalización de las fuerzas.
La crisis sanitaria que agrava el conflicto
A la cuestión salarial se suma otro frente crítico: la cobertura médica. El colapso y la transición fallida de la obra social de las fuerzas dejó a miles de efectivos con prestaciones limitadas o directamente sin acceso a servicios de salud. Este combo —salarios deteriorados y crisis sanitaria— terminó de encender la mecha de una protesta que, por su carácter conjunto, rompe con una tradición histórica de baja conflictividad pública en el sector.
Una protesta que alarma al Gobierno
La movilización cayó como una señal de alerta en la Casa Rosada. No se trata de un reclamo sectorial más: es la primera vez en mucho tiempo que todas las fuerzas federales coordinan una medida de este tipo. El dato no es menor. Las fuerzas de seguridad no solo cumplen funciones operativas, sino que han sido un actor central en la estrategia de control del conflicto social durante la gestión libertaria. Que ahora esas mismas fuerzas salgan a la calle a protestar revela un cambio de clima que inquieta incluso dentro del oficialismo.
El desgaste del modelo de ajuste
La protesta se inscribe en un contexto más amplio de conflictividad creciente. Desde el inicio del gobierno de Milei, distintos sectores —trabajadores, estudiantes, jubilados— han protagonizado movilizaciones contra el ajuste económico y la pérdida de ingresos. En ese marco, el malestar en las fuerzas federales adquiere un peso simbólico y político mayor: muestra que el impacto del ajuste ya no distingue entre civiles y estructuras del propio Estado.
Un escenario de alta tensión
El 2 de abril podría marcar un punto de inflexión. No solo por la magnitud de la protesta, sino por lo que representa: un gobierno enfrentando reclamos desde adentro de su propio esquema de seguridad. Si el conflicto escala, el dilema será complejo: cómo gestionar la protesta de quienes, hasta ahora, eran los encargados de contenerlas. Porque cuando los que sostienen el orden salen a reclamar, el problema deja de ser sectorial y se vuelve estructural.