Un jurado de Los Ángeles determinó que las plataformas fueron diseñadas para generar dependencia y dañaron la salud mental de una joven; el fallo abre la puerta a cientos de demandas similares
Un jurado de Los Ángeles emitió un fallo sin precedentes al declarar responsables a las tecnológicas Meta y Google —propietaria de YouTube— por haber diseñado plataformas adictivas que afectaron la salud mental de una joven que comenzó a usar redes sociales durante su infancia. La sentencia, considerada pionera en Estados Unidos, concluyó que ambas compañías actuaron con negligencia e incluso con “malicia, opresión o fraude” en la forma de operar sus servicios.
El caso fue impulsado por una joven de 20 años, identificada como Kaley, quien inició el uso de YouTube a los seis años y de Instagram a los nueve. Según se expuso en el juicio, llegó a pasar hasta 16 horas diarias conectada y desarrolló problemas de ansiedad, depresión y dismorfia corporal. El jurado determinó que las plataformas funcionaban como “máquinas de adicción” y no implementaron medidas eficaces para impedir el acceso de menores, pese a conocer los riesgos.
Como resultado, la Justicia ordenó el pago de una indemnización de al menos 6 millones de dólares —3 millones en concepto compensatorio y otros 3 millones punitivos—, aunque este último monto podría ampliarse en una segunda etapa del proceso. La responsabilidad fue distribuida en un 70% para Meta y un 30% para Google. En paralelo, otro juicio en Nuevo México también halló culpable a Meta por priorizar beneficios sobre la seguridad de los menores, con una condena mucho mayor que asciende a 375 millones de dólares.
Durante el proceso, que se extendió por cinco semanas, declaró por primera vez ante un jurado el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien defendió las políticas de la empresa y sostuvo que la salud mental de los adolescentes “no puede vincularse a una sola aplicación”. Tanto Meta como Google adelantaron que apelarán el veredicto. Especialistas consideran que este fallo, junto a otros recientes, marca un “punto de inflexión” en la relación entre las redes sociales y la sociedad, y podría impulsar nuevas regulaciones y litigios en todo el país.