El Gobierno nacional congeló la base sobre la que calcula la Tarifa Social del sistema SUBE. La medida mantiene el descuento para los beneficiarios, pero traslada a provincias y municipios el costo de cualquier aumento tarifario que se disponga en adelante
Una modificación dispuesta por el Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate el financiamiento del transporte público en las ciudades del interior. A través de la Resolución 40/2026, la Secretaría de Transporte estableció un nuevo mecanismo para calcular el subsidio correspondiente a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE: el descuento del 55% continuará vigente, pero se aplicará sobre una tarifa de referencia congelada al 30 de junio de este año y dejará de actualizarse automáticamente cuando aumente el valor del boleto.
La decisión modifica un esquema que hasta ahora permitía que el aporte nacional creciera cada vez que una provincia o un municipio autorizaban una actualización tarifaria. Desde ahora, si Rosario incrementa el precio del boleto, la diferencia ya no será absorbida por Nación y deberá ser financiada con recursos provinciales o municipales, o bien recaer sobre los usuarios alcanzados por la Tarifa Social.
Qué cambia para Rosario
En términos inmediatos, la medida no modifica el precio del boleto ni elimina el beneficio para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, pensionados, excombatientes y otros sectores comprendidos en la Tarifa Social Federal. Lo que cambia es la forma en que se financia ese descuento.
Hasta ahora, cuando el municipio actualizaba la tarifa, el aporte nacional también aumentaba de manera automática. Con el nuevo esquema, el Estado nacional seguirá cubriendo el 55% del beneficio, pero únicamente tomando como referencia el valor del boleto vigente al 30 de junio de 2026. Cualquier incremento posterior dejará de estar contemplado por ese cálculo.
Esto significa que, ante futuros aumentos del transporte urbano rosarino, las administraciones provincial y municipal deberán decidir si absorben esa diferencia con recursos propios o si el mayor costo termina impactando sobre los pasajeros que hoy reciben el beneficio social.
Una política de ajuste sobre el gasto nacional
Desde el Gobierno nacional sostienen que la modificación busca dar previsibilidad al gasto público. En los fundamentos de la resolución se argumenta que las actualizaciones tarifarias decididas por provincias y municipios generaban incrementos automáticos en las erogaciones nacionales, pese a que esas jurisdicciones son las responsables de fijar el precio del boleto.
La medida se inscribe en la estrategia de reducción del gasto impulsada por la administración de Javier Milei y profundiza un proceso de transferencia de responsabilidades hacia las jurisdicciones locales, que en los últimos meses ya habían denunciado una menor participación de la Nación en el financiamiento del transporte urbano del interior.
Un nuevo desafío para el transporte del interior
El cambio no tendrá efectos inmediatos mientras las tarifas permanezcan sin modificaciones. Sin embargo, introduce un nuevo condicionante para ciudades como Rosario, donde el costo operativo del transporte continúa presionado por la inflación, los salarios y el precio de los insumos.
En ese contexto, cada futura actualización del boleto abrirá una nueva discusión sobre quién absorberá la diferencia que antes cubría automáticamente el Estado nacional. La decisión agrega presión sobre las cuentas locales y vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan las grandes ciudades del interior para sostener el sistema de transporte con un esquema de subsidios cada vez más descentralizado.