La Justicia Federal abrió una causa tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente pone bajo la lupa el crecimiento patrimonial de Federico Sharif Menem, un crédito millonario otorgado por el Banco Nación y presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas
La Justicia Federal comenzó a investigar a Federico Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de una denuncia penal que cuestiona la evolución de su patrimonio y plantea sospechas sobre la compatibilidad entre sus ingresos como funcionario público y los bienes declarados. La causa quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py y abarca además una serie de operaciones financieras y societarias que ahora serán objeto de análisis judicial.
La presentación fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, con intervención de la fiscalía de Eduardo Taiano. Entre los delitos que solicita investigar figuran presunto enriquecimiento ilícito, falsedad en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y lavado de activos.
El patrimonio bajo la lupa
Uno de los principales ejes de la denuncia es el incremento patrimonial informado por Sharif Menem durante un solo ejercicio fiscal. Según la documentación incorporada al expediente, su patrimonio neto pasó de 13,3 millones de pesos a 57,5 millones, una evolución que la denunciante considera difícil de justificar únicamente con los ingresos declarados por su cargo en la Cámara de Diputados.
La presentación también señala inconsistencias en las declaraciones juradas. Entre ellas figura un monto de 25,5 millones de pesos registrado como ingresos exentos del Impuesto a las Ganancias sin precisiones sobre su origen, además de diferencias relacionadas con la tenencia de dólares y la valuación de un vehículo que habría sido vendido, aunque continuaría declarado dentro del patrimonio.
Crédito millonario y sociedades
Otro aspecto que concentra la atención de la Justicia es un crédito hipotecario de más de 378 millones de pesos otorgado por el Banco Nación para la adquisición de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia sostiene que los ingresos declarados por el funcionario no alcanzarían para respaldar una operación de esa magnitud y solicita investigar también a quienes intervinieron en la aprobación del préstamo.
A ello se suma el pedido para analizar sociedades comerciales vinculadas a integrantes de la familia Menem en Argentina y España, así como eventuales movimientos patrimoniales y financieros entre ambos países. La presentación judicial requiere informes a distintos organismos públicos y plantea medidas cautelares sobre bienes y cuentas mientras avanza la investigación.
Un caso con impacto político
La apertura formal de la causa incorpora un nuevo frente judicial que alcanza al entorno más cercano de la conducción de la Cámara de Diputados y vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos. Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial y no implica responsabilidades penales establecidas, el expediente adquiere relevancia política por involucrar a un funcionario de máxima confianza de Martín Menem y por los interrogantes que plantea respecto de la transparencia en la evolución de su patrimonio y en el acceso a operaciones financieras que ahora deberán ser esclarecidas por la Justicia.