El jefe de Gabinete acumula compromisos por más de 800.000 dólares, con ingresos muy por debajo de ese nivel. La Justicia investiga inconsistencias, operaciones poco transparentes y el origen de los fondos
El crecimiento patrimonial de Manuel Adorni quedó bajo la lupa judicial tras revelarse una secuencia de gastos, inversiones y deudas que superan ampliamente sus ingresos como funcionario. A poco de asumir como vocero presidencial —y luego como jefe de Gabinete— comenzó a registrar movimientos económicos que hoy plantean interrogantes difíciles de responder.
Con un salario que durante gran parte de su gestión se ubicó en torno a los $ 3,5 millones mensuales (luego elevado a $ 7,1 millones por decreto de Javier Milei), el funcionario acumuló compromisos por encima de los US$800.000, entre pagos ya realizados y deudas aún vigentes.
A pesar de las objeciones planteadas por algunos miembros del Gabinete y del costo político que implica la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo a Manuel Adorni. Convencido de su inocencia, lo ubicó a su lado este martes en una reunión en la Casa Rosada y prevé reiterar ese gesto el viernes, cuando participe del encuentro de gabinete convocado por el propio jefe de Gabinete.
Los números muestran una dinámica que tensiona cualquier ecuación financiera: mientras los ingresos permanecían acotados, los gastos incluían compras inmobiliarias, refacciones millonarias pagadas en efectivo, viajes internacionales y acuerdos de financiamiento por fuera del sistema bancario.
Uno de los puntos más llamativos es la adquisición de una vivienda en un country, por la que se abonaron u$s 120.000, pero cuya remodelación demandó otros u$s 245.000, más del doble del valor de compra. Todo, según consta en la causa, cancelado en efectivo.
A esto se suma la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante una estructura de financiamiento inusual: una hipoteca sin interés por u$s 200.000, un pago inicial de u$s 30.000 y un acuerdo paralelo —no escriturado— por otros u$s 65.000. El total real de la operación asciende a u$s 295.000.
El esquema de endeudamiento también genera dudas. Ninguno de los préstamos involucrados proviene de entidades bancarias. Por el contrario, los acreedores incluyen particulares sin trayectoria financiera conocida, entre ellos jubiladas y personas vinculadas indirectamente al entorno del funcionario.
En paralelo, los gastos personales refuerzan el contraste. Viajes al exterior —incluyendo destinos como el Caribe—, vuelos privados y estadías en hoteles de lujo se suman a un nivel de consumo difícil de compatibilizar con los ingresos declarados. Incluso, en algunos casos, los pagos se realizaron meses después o mediante mecanismos que no quedaron claramente documentados.
Las inconsistencias también alcanzan las declaraciones juradas. La omisión inicial de propiedades y la incorporación tardía de bienes, una vez iniciada la investigación, profundizan las sospechas sobre la transparencia del patrimonio.
Según reconstruyen los investigadores, los dólares declarados oficialmente no alcanzaban para cubrir varios de los gastos realizados, lo que abre el principal interrogante del expediente: de dónde provienen los fondos que sostienen ese nivel de vida y expansión patrimonial.
Con el secreto fiscal y bancario levantado, la fiscalía busca ahora determinar si existe correspondencia entre ingresos, gastos y activos. Mientras tanto, el caso suma capítulos y consolida una imagen incómoda para un funcionario clave del Gobierno: la de un patrimonio que crece más rápido que las explicaciones.