Con consultas pagas a $2.100 y recortes en los ingresos, profesionales iniciaron un paro de 72 horas que impacta de lleno en la atención a jubilados. La protesta expone el colapso de la obra social más grande del país
La crisis del PAMI sumó un nuevo capítulo crítico este lunes con el inicio de un paro nacional de 72 horas encabezado por médicos de cabecera, que en Rosario tuvo fuerte impacto y visibilidad con protestas frente a la sede local.
El eje del conflicto es claro y contundente: el nuevo esquema de pagos fija en apenas $2.100 el valor por consulta, una cifra que los profesionales consideran insuficiente y que, según denuncian, implica en la práctica un recorte salarial.
En la ciudad, los médicos nucleados en la Asociación de Profesionales de PAMI (Appamia) salieron a la calle para visibilizar una situación que, aseguran, “hace inviable” la continuidad del sistema tal como funciona hoy. La medida de fuerza comenzó el lunes 13 de abril y afecta la atención habitual, manteniéndose solo urgencias.
El reclamo no es menor: con los cambios implementados, algunos profesionales advierten que sus ingresos podrían reducirse hasta un 50%, pasando de alrededor de $1.600.000 a $800.000 mensuales.
Detrás del conflicto local hay una crisis estructural más profunda. A nivel nacional, el PAMI —la obra social más grande de Latinoamérica, con millones de afiliados— atraviesa un fuerte deterioro financiero, con deudas acumuladas con prestadores que rondarían cifras millonarias.
La reciente resolución oficial que modificó el esquema de pagos aumentó el monto fijo por afiliado pero eliminó adicionales por consultas y prácticas, lo que terminó impactando negativamente en los ingresos reales de los médicos.
Este escenario ya tiene consecuencias concretas: profesionales que dejan de atender por PAMI, turnos cada vez más demorados y una cobertura que se debilita, especialmente para los jubilados de menores recursos, quienes dependen casi exclusivamente de este sistema.
En Rosario, donde la demanda de atención es alta y sostenida, el conflicto adquiere un tono aún más preocupante. La combinación de bajos honorarios, inflación y retrasos en los pagos configura un cuadro que los propios médicos describen como “insostenible”.
Mientras tanto, desde el organismo reconocen las dificultades financieras pero aseguran que los cambios buscan “ordenar” el sistema en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. Sin embargo, por ahora no hay certezas sobre cómo ni cuándo se resolverá el conflicto.
Claves políticas de una crisis anunciada
La crisis del PAMI no estalló de un día para el otro. Es el resultado de años de desfinanciamiento, cambios en las reglas de contratación y una tensión creciente entre el Estado y los prestadores.
El conflicto actual se da en el marco del fuerte ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que apunta a reducir el gasto público en distintas áreas, incluida la salud. En ese esquema, el PAMI aparece como uno de los organismos más sensibles: no solo por su volumen presupuestario, sino por el universo que afecta, compuesto mayoritariamente por jubilados.
La modificación en el sistema de pagos a médicos —con menos incentivos por prestación y más peso en montos fijos— es leída por los profesionales como parte de esa lógica de recorte. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que se trata de un intento de “ordenar” un sistema que arrastra irregularidades y déficit estructural.
Pero en el medio de esa disputa técnica y política hay una realidad concreta: menos médicos dispuestos a atender, más demoras y un servicio que empieza a mostrar signos de deterioro.
En Rosario, el paro de 72 horas funciona como un síntoma local de un problema nacional más profundo: el equilibrio cada vez más frágil entre ajuste fiscal y acceso a derechos básicos.
En el tironeo entre números fiscales y sostenibilidad del sistema, el PAMI quedó en el centro de una tensión que trasciende lo sanitario. La pregunta de fondo ya no es solo cómo se financia la obra social, sino qué nivel de atención está dispuesto a garantizar el Estado.
Porque cuando el ajuste impacta en la salud, el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente político. Y en ese escenario, los jubilados no son una variable más: son el termómetro más sensible de hasta dónde puede tensarse un sistema antes de empezar a romperse.