La prohibición total de los cuidacoches en Santa Fe quedó postergada tras la intervención del Arzobispado de Rosario, que pidió regular la actividad en lugar de eliminarla. El debate expone una tensión cada vez más visible entre seguridad urbana y exclusión social
El proyecto para prohibir completamente la actividad de los cuidacoches en Santa Fe quedó envuelto en una inesperada disputa política, social y moral luego de que la Iglesia católica saliera públicamente a rechazar la eliminación total de la actividad. La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas y ya aprobada en el Senado provincial, debía tratarse esta semana en Diputados, pero el debate finalmente se postergó tras la presión ejercida por el Arzobispado de Rosario y la Pastoral Social, que reclamaron “regular y acompañar” a quienes trabajan en la calle en lugar de criminalizarlos.
La posición de la Iglesia introdujo un elemento incómodo en una discusión que hasta ahora venía dominada por reclamos de seguridad y convivencia urbana. El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, sostuvo que muchos cuidacoches atraviesan situaciones extremas de vulnerabilidad y advirtió que prohibir la actividad sin alternativas laborales o sociales podría profundizar la exclusión. Desde la Pastoral Social incluso enviaron una carta formal a la Legislatura proponiendo un esquema de registro, regulación, políticas de inclusión y sanciones específicas para casos de amenazas o extorsión. “Penalizar estas prácticas puede implicar una forma de criminalización de la ayuda social”, plantearon.
El debate atraviesa además una problemática que en Rosario creció al ritmo de la crisis económica y el aumento de personas en situación de calle. El intendente Pablo Javkin reconoció meses atrás que en la ciudad hay más de 500 cuidacoches y definió el fenómeno como “una problemática compleja”, vinculada también a consumos problemáticos, informalidad y ausencia de políticas sociales sostenidas.
Del otro lado, sectores políticos y buena parte de los vecinos reclaman medidas más duras frente a situaciones de amenazas, aprietes y cobros compulsivos en eventos, zonas gastronómicas y espacios públicos. El proyecto provincial propone incorporar sanciones, trabajo comunitario e incluso arrestos para quienes ejerzan la actividad de manera ilegal o intimidatoria. Sus impulsores sostienen que el Estado debe recuperar control sobre la calle y terminar con prácticas que consideran extorsivas.
La discusión ya excede a los llamados “trapitos”. En el fondo, el conflicto revela una tensión cada vez más visible en las grandes ciudades argentinas: cómo abordar fenómenos de marginalidad creciente sin convertir automáticamente la pobreza en un problema policial. Y en una Rosario golpeada por la crisis social, el debate sobre los cuidacoches terminó convirtiéndose también en una discusión sobre el tipo de ciudad que se quiere construir.