El gobierno santafesino impulsa once modificaciones legales que incluyen espionaje digital, allanamientos sin orden judicial y mayores facultades para fuerzas de seguridad y fiscales. Mientras el oficialismo habla de “herramientas contra el crimen”, crecen las alertas por el impacto sobre derechos y garantías constitucionales
La gestión de Maximiliano Pullaro decidió profundizar su política de seguridad con un paquete de reformas que promete abrir uno de los debates más sensibles del año en Santa Fe: hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la lucha contra el delito. El proyecto enviado a la Legislatura propone once modificaciones sobre leyes clave del sistema penal y de seguridad pública, incorporando herramientas que van desde el espionaje digital y el ciberpatrullaje hasta allanamientos sin orden judicial en situaciones consideradas de urgencia. Según argumenta el oficialismo, la intención es “modernizar” el combate contra organizaciones criminales, especialmente narcos y bandas violentas que operan desde cárceles y redes sociales.
Entre los puntos más polémicos aparecen las nuevas facultades para tareas de inteligencia sobre espacios digitales abiertos, ampliación de capacidades policiales para requisas e intervenciones rápidas y cambios procesales que reducirían controles judiciales en determinados procedimientos. El gobierno provincial sostiene que el actual sistema penal quedó desfasado frente a modalidades delictivas cada vez más complejas y tecnológicas. Pullaro incluso defendió públicamente la necesidad de “no ser blandos” frente al crimen organizado y respaldó medidas de endurecimiento operativo.
Sin embargo, la iniciativa ya encendió fuertes cuestionamientos en sectores judiciales, organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal, que advierten sobre una posible regresión institucional. Penalistas y asociaciones civiles sostienen que algunas disposiciones podrían vulnerar garantías constitucionales básicas, habilitando zonas grises para controles, seguimientos e intervenciones sin suficiente supervisión judicial. Desde distintos espacios incluso comparan parte de las reformas con recientes avances nacionales en materia de inteligencia y ciberpatrullaje impulsados por el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich.
El debate aparece atravesado además por el contexto social y político de Rosario, donde la violencia narco y la crisis de seguridad empujaron un fuerte reclamo ciudadano por mayor presencia estatal. Ese escenario le permitió a Pullaro construir buena parte de su capital político sobre un discurso de mano dura y control territorial. Pero al mismo tiempo empieza a emerger otra discusión: cuánto poder puede concentrar el aparato de seguridad sin afectar libertades individuales, privacidad y controles democráticos.
La discusión recién empieza, pero el trasfondo ya quedó planteado. En tiempos de miedo social, violencia urbana y crisis económica, la seguridad vuelve a convertirse en el gran terreno donde se enfrentan dos demandas que muchas veces chocan entre sí: más protección y menos límites para el Estado.