Las denuncias contra Bauen Pilay continúan escalando en Rosario y ya ponen el foco no sólo en los incumplimientos denunciados por miles de ahorristas, sino también en el origen mismo del sistema de financiación utilizado por la firma durante más de dos décadas
En los últimos días, un grupo de damnificados volvió a movilizarse frente a las oficinas de la empresa y advirtió que Pilay habría comercializado planes de ahorro para viviendas sin autorización formal para captar fondos del público. Según reveló una investigación periodística, la firma habría omitido informar durante años que la Inspección General de Justicia (IGJ) le había impedido continuar con ese esquema.
El conflicto involucra a familias que aseguran haber pagado cuotas durante 20 años para acceder a departamentos en zonas céntricas de Rosario y que hoy denuncian demoras, cambios de condiciones y ofrecimientos de viviendas en otros sectores de la ciudad. Algunos incluso sostienen que terminaron recibiendo propuestas por fuera de lo establecido originalmente en los contratos.
Las organizaciones de ahorristas también cuestionan el viraje comercial de la empresa hacia fideicomisos y nuevos desarrollos inmobiliarios mientras persisten los reclamos de antiguos clientes. Desde los espacios de autoconvocados aseguran que el sistema dejó de sostenerse cuando la firma abandonó el esquema tradicional de ahorro colectivo y priorizó otros modelos de negocio más rentables.
En paralelo, comenzaron a multiplicarse las presentaciones judiciales y pedidos de intervención estatal. Sectores políticos y asociaciones de consumidores reclaman controles más estrictos y advierten que el conflicto ya excede el plano privado por la cantidad de familias afectadas en Rosario y otras ciudades donde opera la desarrolladora.