La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas una nueva declaración que complica la situación del funcionario y vuelve a poner bajo la lupa sus gastos y operaciones inmobiliarias
Según trascendió este miércoles, un vecino del country Indio Cuá declaró ante la Justicia que Adorni le pagó US$21.000 en efectivo por el alquiler de una vivienda durante un período total de 18 meses. El testimonio fue incorporado a la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial devenido jefe de Gabinete.
El testigo, identificado como José Luis Rodríguez, sostuvo ante la fiscalía de Gerardo Pollicita que el vínculo de alquiler comenzó antes de que Adorni se mudara a una propiedad propia dentro del mismo country. De acuerdo con su relato, hubo distintos tramos de contratación: primero dos meses de alquiler, luego un contrato más extenso y finalmente una extensión acordada de palabra. Todos los pagos, afirmó, fueron realizados en dólares y en efectivo.
La declaración ratificó parcialmente lo que ya había mencionado otro testigo, el contratista Matías Tabar, quien había hablado de pagos por US$13.000. Sin embargo, la nueva presentación judicial agregó otros montos que hasta ahora no figuraban en el expediente y que podrían modificar el análisis patrimonial que realiza la fiscalía.
La causa busca determinar si el nivel de gastos y adquisiciones del funcionario guarda relación con sus ingresos declarados desde que ingresó al Gobierno nacional. En ese marco, los investigadores también revisan la compra de una vivienda en el country y un departamento en el barrio porteño de Caballito, además de presuntos préstamos privados utilizados para financiar esas operaciones.
De acuerdo a la documentación mencionada en la investigación, la casa en Indio Cuá habría sido adquirida por unos US$120.000, mientras que parte importante del pago habría sido cubierta mediante préstamos particulares otorgados por dos mujeres policías. La Justicia también analiza las condiciones de esos acuerdos y la trazabilidad de los fondos utilizados.
El caso ya comenzó a ser mencionado en sectores políticos y mediáticos como “Adornigate”, en medio de nuevas críticas opositoras sobre la falta de explicaciones públicas del funcionario. Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no hubo una respuesta oficial detallada sobre las últimas revelaciones conocidas en el expediente.