“Cara la jodita”: el gobierno provincial ya envió la primera notificación por más de $6 millones y anticipa nuevas intimaciones a responsables identificados
La advertencia dejó de ser discurso y se transformó en factura. El gobierno de Santa Fe comenzó a intimar a las familias de menores involucrados en amenazas a escuelas para que paguen los costos de los operativos de seguridad, que en cada caso superan los 5 millones de pesos.
La primera notificación ya tiene destinatarios: los padres de un adolescente identificado como autor de una amenaza deberán pagar $6.024.944 en un plazo de cinco días. Si no cumplen, la deuda pasará a ejecución judicial.
La medida forma parte de una política de “recupero de costos” impulsada por el Ministerio de Seguridad, en medio de una escalada de amenazas que generaron operativos masivos, evacuaciones y un clima de alarma en la comunidad educativa. Solo en las últimas semanas se identificaron decenas de responsables y se enviarán nuevas intimaciones.
Detrás del endurecimiento hay un contexto sensible: la seguidilla de mensajes intimidatorios se disparó tras el impacto social del ataque en San Cristóbal, que dejó un muerto y varios heridos, y puso en evidencia la fragilidad del sistema frente a este tipo de situaciones.
Desde el gobierno son tajantes: no se trata de “bromas”, sino de delitos con consecuencias económicas concretas. El objetivo es claro: que el costo no recaiga sobre el Estado —y, en definitiva, sobre los contribuyentes— sino sobre quienes generan el problema.
La decisión abre un nuevo frente: el de la responsabilidad familiar como herramienta de política de seguridad. ¿Es un mensaje ejemplificador necesario o un traslado del problema hacia los hogares?
En un contexto donde la violencia empieza a filtrarse en las escuelas, el gobierno de Santa Fe eligió endurecer y mostrar acción rápida. Pero el riesgo es otro: que la respuesta económica funcione como castigo inmediato, sin atacar del todo el fondo del problema.
Porque cuando el Estado empieza a cobrar para disciplinar conductas, la discusión ya no es solo sobre seguridad… sino sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para imponer orden.