Organizaciones ambientales rozan el millón de adhesiones para frenar la reforma impulsada por el oficialismo. Denuncian un retroceso en la protección de reservas estratégicas y preparan una ofensiva judicial sin precedentes
La reacción no se hizo esperar. A pocas semanas de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, la resistencia social ya tomó volumen de masa crítica: cerca de 900 mil firmas respaldan una acción judicial que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma.
El dato no es menor. La campaña —impulsada por ONG, científicos y organizaciones civiles— se transformó en una de las movilizaciones ambientales más grandes de los últimos años, con un objetivo claro: frenar una ley que, según denuncian, redefine zonas protegidas y habilita actividades antes restringidas en áreas sensibles.
Detrás del rechazo hay algo más profundo que una discusión técnica. Para amplios sectores, la reforma pone en juego el equilibrio entre desarrollo económico y protección de recursos estratégicos, especialmente el agua dulce, en un contexto de crisis climática global.
En paralelo, el oficialismo defiende la modificación como una actualización necesaria para dar “seguridad jurídica” y mayor margen de acción a las provincias sobre sus recursos. Pero la rapidez del tratamiento legislativo y las críticas sobre la falta de participación encendieron la mecha del conflicto.
Lo que está en juego ya excede a los glaciares. La avalancha de firmas expone una grieta cada vez más marcada: de un lado, un modelo que prioriza la explotación de recursos para dinamizar la economía; del otro, una sociedad que empieza a plantarse frente a los límites ambientales.
Si la Justicia avanza, el conflicto puede convertirse en un test clave para el gobierno: no solo sobre la legalidad de la norma, sino sobre hasta dónde está dispuesto a tensionar el contrato social en nombre del desarrollo. Porque cuando casi un millón de personas se movilizan por el agua, el problema deja de ser ambiental… y pasa a ser político.