Mientras avanzan proyectos para erradicar a los cuidacoches, la Pastoral Social advirtió que una medida punitiva puede agravar la exclusión y pidió regular en lugar de prohibir
El debate por los “trapitos” en Rosario sumó un actor de peso y complejizó aún más la discusión: la Iglesia salió a rechazar de manera explícita los proyectos que buscan prohibir la actividad y planteó la necesidad de un enfoque social antes que represivo. La postura se expresó en una reunión entre referentes de la Pastoral Social y concejales en el Palacio Vasallo, en un contexto atravesado por el avance de iniciativas tanto a nivel local como provincial que apuntan a eliminar la presencia de cuidacoches en la vía pública.
“Prohibir es esconder el problema”
Desde la Iglesia, el mensaje fue claro: la prohibición no sólo no resolvería el conflicto, sino que podría profundizarlo.
El vicepresidente de Cáritas Rosario, Fabián Monte, sintetizó la postura con una frase contundente: prohibir a los trapitos “es ponerlos bajo la alfombra”, advirtiendo que el problema social seguirá creciendo si no se aborda de fondo.
En la misma línea, remarcó que la mayoría de quienes realizan esta actividad lo hacen como forma de subsistencia y cuestionó el enfoque punitivo: “Siempre pagan justos por pecadores”, sostuvo, al señalar que no todos los cuidacoches incurren en prácticas violentas o extorsivas.
La pregunta que sobrevuela el planteo es directa: si se los retira de la calle, ¿qué alternativa real tienen? “¿A dónde van?”, interpelaron desde el espacio eclesial.
Entre la seguridad y la exclusión
El conflicto por los trapitos viene creciendo en Rosario al ritmo de reclamos vecinales por situaciones de extorsión, amenazas y ocupación del espacio público. Ese malestar es el que impulsa proyectos más duros que buscan prohibir la actividad e incluso establecer sanciones o arrestos.
Sin embargo, la Iglesia plantea que el fenómeno no puede leerse sólo desde la seguridad, sino como una expresión de la crisis social más amplia que atraviesa la ciudad, marcada por el desempleo, la pobreza y el aumento de la demanda de asistencia.
Regular en lugar de prohibir
Frente a ese escenario, la propuesta eclesial apunta a una salida intermedia: ordenar y regular la actividad.
La idea incluye avanzar en esquemas que permitan identificar a los cuidacoches, delimitar zonas de trabajo y, sobre todo, generar alternativas de inclusión laboral que eviten que la calle sea la única opción.
Incluso el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, se expresó en esa línea al señalar que “no hay que prohibir, sino ordenar”, reforzando la idea de que detrás de cada trapito hay una persona en situación de vulnerabilidad.
Un debate que escala
Con la intervención de la Iglesia, el tema suma una nueva dimensión y promete intensificarse en las próximas semanas.
La discusión ya no gira sólo en torno al orden del espacio público, sino que pone sobre la mesa un dilema más profundo: cómo equilibrar las demandas de seguridad con la necesidad de dar respuestas a la exclusión social.
Entre la prohibición total y la regulación, Rosario vuelve a enfrentarse a un debate incómodo, donde las soluciones rápidas chocan con problemas estructurales que llevan años sin resolverse.