La reforma fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. El nuevo marco legal reemplaza una normativa vigente desde 1980 y establece un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con sanciones graduales y penas máximas de hasta 15 años de prisión.
El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad en Argentina, una modificación de fuerte impacto político que vuelve a instalar el debate sobre las políticas de seguridad y la responsabilidad penal de los menores.
La normativa reemplaza el sistema vigente desde 1980 y crea un esquema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos, con un sistema de sanciones que combina medidas socioeducativas, restricciones de libertad y penas de prisión para los casos más graves, con un máximo de 15 años y la exclusión de la prisión perpetua para menores.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca “actualizar” un régimen considerado obsoleto y responder a demandas sociales vinculadas con la inseguridad, mientras que sectores de la oposición, especialistas en derecho penal y organizaciones de derechos humanos advierten que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá el problema del delito juvenil y reclaman políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia y la exclusión social.
En ese marco, la medida se inscribe también en una agenda política más amplia del oficialismo orientada a endurecer el enfoque penal, una estrategia que vuelve a dividir aguas en el escenario político y jurídico del país.