Para determinar el destino de casi u$s cinco millones vinculados a la estafa con la criptomoneda promocionada por Javier Milei. La causa quedó paralizada por la supuesta falta de herramientas informáticas. Especialistas sostienen que existen alternativas para seguir el rastro de los fondos y cuestionan la explicación oficial
La investigación judicial que busca reconstruir la ruta de millones de dólares generados alrededor de la estafa con la criptomoneda $Libra –y que podría aportar información clave sobre el eventual grado de conocimiento, responsabilidad o beneficio obtenido por Javier Milei y personas de su entorno– quedó frenada por una razón que ya genera controversia: la falta de recursos para adquirir el software necesario para rastrear operaciones en la blockchain.
El fiscal federal Eduardo Taiano intenta determinar el destino de unos 4,7 millones de dólares que circularon por billeteras virtuales vinculadas al empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor del proyecto cripto que fue promocionado públicamente por el Presidente antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias a los inversores y ganacias jugosas a los especuladores.
Sin embargo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público, informó que actualmente no está en condiciones de avanzar con el análisis porque carece de las herramientas tecnológicas y licencias necesarias para realizar la tarea.
Una pista clave que quedó congelada
La medida solicitada por Taiano apunta a identificar a los beneficiarios finales de una serie de transferencias realizadas antes y después del lanzamiento de $Libra, entre ellas operaciones por casi medio millón de dólares efectuadas mientras Davis ingresaba a la Casa Rosada para reunirse con Milei.
La reconstrucción de esos movimientos es considerada una de las pruebas más relevantes del expediente, ya que podría permitir establecer quiénes accedieron anticipadamente a información privilegiada, quiénes obtuvieron ganancias extraordinarias y cuál fue el destino final de los fondos.
Software millonario en tiempos de ajuste
Según trascendió, la UFECI había logrado avances iniciales utilizando una versión de prueba de un programa especializado en análisis forense de criptoactivos. Pero la licencia gratuita expiró y la Procuración todavía no adquirió una versión paga.
De acuerdo con fuentes del sector citadas por distintos medios, estos sistemas tienen costos que oscilan entre los 50.000 y los 400.000 dólares, dependiendo de las prestaciones contratadas, la cantidad de usuarios habilitados y el tipo de organismo que realiza la compra.
La situación dejó expuesta una paradoja: mientras la Justicia intenta seguir la pista de casi cinco millones de dólares vinculados a uno de los mayores escándalos políticos y financieros del último año, la investigación permanece frenada por la imposibilidad de afrontar una inversión que representa una pequeña fracción de la suma que se intenta rastrear.
Especialistas relativizan la falta de herramientas
La explicación oficial, sin embargo, no convence a todos. Investigadores privados, fiscales y expertos en criptomonedas sostienen que, aunque las plataformas comerciales facilitan el trabajo y permiten procesar grandes volúmenes de información en menos tiempo, existen herramientas gratuitas que permiten avanzar en tareas de trazabilidad financiera.
«Es totalmente posible realizar investigaciones de criptoactivos sin licencias premium», señalaron especialistas consultados sobre el tema, quienes remarcan que el proceso puede resultar más lento y demandar mayor dedicación técnica, pero no necesariamente imposible.
Una causa con derivaciones políticas
Ante la imposibilidad de avanzar mediante la UFECI, Taiano decidió derivar parte de los requerimientos al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que sí cuenta con herramientas especializadas para este tipo de análisis.
La demora suma nuevos interrogantes a una causa que investiga presuntas maniobras de estafa, tráfico de influencias y uso de información privilegiada alrededor de $Libra. Y, sobre todo, mantiene en suspenso una de las preguntas centrales del expediente: quiénes se quedaron con el dinero que circuló alrededor de la criptomoneda impulsada públicamente por Javier Milei antes de su derrumbe.