El Gobierno desplazó a un funcionario clave de Economía tras detectar bienes no declarados en el exterior, mientras la Justicia avanza sobre el titular del organismo recaudador por presunto ocultamiento patrimonial, evasión y lavado de activos
El gobierno de Javier Milei atraviesa un nuevo foco de tensión tras la salida del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el avance de una investigación judicial sobre el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, ambos involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a bienes no declarados en el exterior.
En el caso de Frugoni, su desvinculación se produjo luego de que se confirmara la existencia de al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no habían sido informadas en sus declaraciones juradas ante organismos de control. Aunque desde el oficialismo hubo versiones cruzadas sobre si se trató de una renuncia o un despido, lo cierto es que el funcionario dejó su cargo en medio de la controversia. Su reemplazo fue definido por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien designó a Fernando Herrmann, lo que a su vez generó una serie de corrimientos internos dentro del área.
Las propiedades atribuidas a Frugoni se encuentran principalmente en el estado de Florida, con valores que oscilan entre los 140.000 y más de 300.000 dólares, y estarían vinculadas a sociedades radicadas en Delaware. El propio exfuncionario reconoció haber omitido su declaración y, según fuentes oficiales, inició un proceso de regularización de su situación fiscal.
Cazador, cazado
En paralelo, la situación de Vázquez presenta un escenario aún más complejo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó su indagatoria por la presunta omisión de declarar tres inmuebles en Estados Unidos valuados en más de 2,1 millones de dólares, además de su vinculación con sociedades offshore. La investigación apunta a posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El dictamen sostiene que el funcionario habría ocultado de manera deliberada su relación con estructuras societarias que controlaban propiedades en Miami, utilizadas por él y su entorno familiar. Entre las pruebas mencionadas figuran pagos de impuestos, documentación societaria y registros de uso de los inmuebles.
La causa, que deberá resolver el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, también pone el foco en una aparente desproporción entre los ingresos declarados por Vázquez y las operaciones inmobiliarias detectadas, además de otras maniobras bajo análisis, como la adquisición de un inmueble en Puerto Madero a un valor significativamente inferior al de mercado.
Los dos casos, aunque distintos en su desarrollo, coinciden en un punto central: la sospecha sobre el manejo patrimonial de altos funcionarios encargados, precisamente, de áreas sensibles de la administración pública. Mientras uno ya fue desplazado, el otro enfrenta un proceso judicial que podría escalar en las próximas semanas y sumar presión política sobre el Gobierno.