El gobierno adjudicó la primera concesión a una empresa privada, en un modelo que busca atraer inversiones para recuperar áreas degradadas
El gobierno de Brasil dio un paso inicial en el uso de mecanismos de mercado para la restauración ambiental al adjudicar la primera concesión de tierras públicas destinada a la reforestación mediante créditos de carbono. La iniciativa apunta a recuperar zonas degradadas de la Amazonia y, al mismo tiempo, generar ingresos a partir de la captura de dióxido de carbono.
La licitación fue otorgada a la empresa Re.green, que se comprometió a restaurar y proteger durante 40 años una superficie de 58.700 hectáreas en la reserva de Bom Futuro. La superficie equivale a casi 60.000 canchas de fútbol, lo que da una idea de la magnitud del proyecto de reforestación.
La firma fue la única oferente y propuso abonar al Estado una comisión del 0,7% sobre los ingresos generados por la venta de créditos de carbono, estimados en alrededor de dos millones de dólares anuales.
El proyecto incluye la replantación de especies nativas en áreas afectadas por décadas de deforestación, así como la participación de comunidades locales, entre ellas el pueblo indígena karitiana. Durante la subasta, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, sostuvo que la iniciativa busca transformar territorios degradados “en algo positivo para el clima, la biodiversidad y las poblaciones locales”.
Cómo funciona el sistema de créditos de carbono
Los créditos de carbono son certificados que representan la reducción o eliminación de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera. En este caso, las empresas que reforestan capturan carbono a través del crecimiento de los árboles. Esa captura se mide, se certifica y luego se convierte en créditos que pueden venderse en mercados internacionales.
El negocio consiste en que compañías o países que generan emisiones —por ejemplo, industrias o aerolíneas— compran estos créditos para compensar su huella de carbono. De esta manera, financian proyectos ambientales sin reducir directamente todas sus emisiones, mientras que los desarrolladores de los proyectos obtienen ingresos por la restauración de ecosistemas.
En Brasil, este mercado aún es incipiente, pero despierta interés entre inversores y entidades financieras. La apuesta oficial es que estos mecanismos permitan canalizar capital privado hacia la recuperación de bosques nativos, complementando la inversión pública.
Un modelo en prueba
La subasta forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar el deterioro de la Amazonia, donde especialistas advierten que la deforestación y el cambio climático podrían llevar al ecosistema a un punto de degradación irreversible. En este contexto, la reforestación a gran escala aparece como una herramienta clave.
El gobierno brasileño busca evaluar si este esquema puede aplicarse en mayor escala para cumplir su meta de restaurar millones de hectáreas de bosque hacia 2030. Aunque una segunda parcela ofrecida en la misma subasta no recibió ofertas, las autoridades consideraron positiva la experiencia inicial, dado el carácter novedoso del modelo.
De cara a los próximos años, el plan oficial contempla concesionar unas 300.000 hectáreas bajo este sistema antes de 2027, dentro de un universo más amplio de áreas protegidas que requieren recuperación. La iniciativa combina objetivos ambientales con incentivos económicos, en un intento por convertir la conservación en una actividad sostenible desde el punto de vista financiero.