Clientes denuncian incumplimientos contractuales y traslado de unidades a zonas periféricas; la empresa defiende su esquema y lo atribuye a la «dinámica del mercado»
El sistema de ahorro inmobiliario de Pilay enfrenta en Rosario una escalada de reclamos por parte de ahorristas que denuncian incumplimientos en las condiciones pactadas y demoras en la adjudicación de viviendas. El conflicto, que ya llegó al Concejo Municipal y a la Justicia provincial, tiene como eje el cambio de ubicación de las unidades originalmente comprometidas.
Según los afectados, muchos de ellos con planes completos de 240 cuotas, la empresa ofrece actualmente departamentos en desarrollos suburbanos —como los ubicados en el límite con Funes— en lugar de las zonas céntricas previstas al momento de la contratación. “Pagamos durante 20 años pensando en un departamento en el centro (…) y ahora nos quieren mandar a las afueras, donde el valor de mercado y la logística de vida son totalmente diferentes”, expresaron voceros de los autoconvocados.
Además del cambio de localización, los ahorristas advierten que las adjudicaciones se encuentran prácticamente paralizadas y denuncian la exigencia de pagos adicionales para mantener prioridad en áreas urbanas, condiciones que —afirman— no estaban contempladas en los contratos originales. También señalan irregularidades en sorteos y modificaciones en superficies y plazos de entrega.
El reclamo colectivo fue expuesto ante la Comisión de Planeamiento del Concejo, donde los damnificados plantearon la necesidad de que se garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos. En paralelo, impulsan medidas como la suspensión de nuevos permisos de obra para la firma hasta tanto se regularice la situación de quienes finalizaron sus planes.
Desde la empresa, en tanto, sostienen que el contexto económico y los cambios en el mercado inmobiliario obligaron a redefinir estrategias de desarrollo. Argumentan que el encarecimiento de los terrenos céntricos y las modificaciones normativas hacen inviable el modelo tradicional en esas áreas, por lo que avanzan en proyectos de mayor escala en zonas con disponibilidad de suelo.
«Construcción colaborativa»
En su respuesta pública, Pilay defendió su funcionamiento como un sistema de “construcción colaborativa”, basado en el aporte de los inversores y la ejecución progresiva de las obras. Indicó que se trata de contratos de largo plazo que contemplan ajustes ante variaciones económicas y que “la dinámica del modelo se adapta al contexto” para sostener la continuidad de los proyectos. Sin embargo, esa explicación no logra dar cuenta de manera directa de los cambios en las condiciones originalmente pactadas que motivan los reclamos.
Ante la falta de acuerdos, el conflicto avanza hacia el ámbito judicial, donde ya se tramitan demandas colectivas que buscan garantizar la entrega de unidades en las ubicaciones comprometidas, establecer plazos concretos y frenar la aplicación de cargos adicionales. Mientras tanto, los grupos de ahorristas mantienen las protestas y advierten sobre el impacto que la situación puede tener en la confianza de la clase media en este tipo de sistemas de acceso a la vivienda.