Más de 27 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas convocadas en el Congreso, en medio de críticas de especialistas y universidades que advierten sobre riesgos ambientales y posibles retrocesos en la protección de reservas estratégicas de agua
El intento del Gobierno nacional de avanzar con una reforma de la Ley de Glaciares abrió un nuevo frente de tensión política y ambiental en el país. La iniciativa, que busca flexibilizar algunas restricciones para habilitar actividades productivas —principalmente vinculadas a la minería— en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciares, generó una reacción inmediata de organizaciones ambientalistas, sectores académicos y especialistas en derecho ambiental.
La magnitud del debate quedó reflejada en las más de 27.000 personas que se inscribieron para participar de las audiencias públicas convocadas en el Congreso, un récord de participación ciudadana para este tipo de instancias. Desde universidades como la UNNE advirtieron que una eventual modificación de la norma vigente podría implicar un retroceso en la protección de recursos hídricos estratégicos y hasta derivar en cuestionamientos de constitucionalidad, al poner en riesgo principios ambientales que prohíben reducir los niveles de resguardo ya alcanzados por la legislación.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar inversiones, el debate vuelve a exponer la histórica disputa entre desarrollo extractivo y protección ambiental.