Imágenes de cazadores posando con yacarés, patos y aves protegidas muertos desataron indignación en toda la provincia. La Justicia investiga una red de turismo cinegético clandestino que habría operado con guías no habilitados y fuera de toda regulación ambiental en la Cuña Boscosa santafesina
La difusión de fotografías tomadas en la zona de Intiyaco y Fortín Olmos, en el departamento Vera, volvió a poner bajo la lupa una práctica que desde hace años avanza silenciosamente sobre el norte santafesino: la depredación sistemática de fauna silvestre bajo el paraguas de un negocio millonario ligado a la caza ilegal. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa a contingentes de cazadores extranjeros exhibiendo cientos de animales muertos, entre ellos patos, yacarés y otras especies protegidas. Según las denuncias, fueron asesinados más de 300 ejemplares en apenas unas jornadas.
La gravedad del caso obligó al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación. El secretario de Biodiversidad provincial, Alejandro Luciani, confirmó que además intervienen la Fiscalía Federal y la Guardia Rural Los Pumas, que realiza inspecciones en la zona. La investigación apunta a un operador cinegético cordobés que no estaría inscripto en los registros oficiales y a un circuito clandestino de guías y campos no habilitados para actividades de caza.
Pero el episodio excede la dimensión policial. La escena revela el deterioro ambiental de una región históricamente castigada por desmontes, avance agropecuario y ausencia de controles estatales efectivos. La Cuña Boscosa forma parte del Gran Chaco Americano, uno de los ecosistemas más biodiversos y al mismo tiempo más devastados de Sudamérica. Organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años que la pérdida de monte nativo y la flexibilización de controles generan un terreno fértil para la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna.
La propia normativa provincial deja en evidencia la magnitud del daño: la resolución vigente fija un límite máximo de 12 patos por persona y por día para la caza autorizada. Las imágenes conocidas muestran cifras muy superiores y además incluyen especies cuya captura está prohibida. Desde el gobierno provincial calificaron el hecho como una “masacre ecológica” y admitieron que se violó la ley nacional de fauna.
El caso también dejó expuesta una trama económica pocas veces discutida: el turismo cinegético mueve miles de dólares en el norte argentino y suele operar en zonas donde el control estatal es mínimo. Mientras empresas habilitadas intentaron despegarse del escándalo y denunciaron que el episodio “ensucia a toda la actividad”, ambientalistas cuestionan precisamente el modelo que convierte a la fauna autóctona en mercancía recreativa para extranjeros con alto poder adquisitivo.