Bajo el argumento de “inviolabilidad de la propiedad privada”, la iniciativa del Gobierno elimina restricciones a la compra de tierras por capitales extranjeros y flexibiliza controles ambientales. Especialistas advierten por un cambio de paradigma con impacto en soberanía y recursos naturales
El proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger para garantizar la “inviolabilidad de la propiedad privada” encendió alarmas en distintos sectores políticos y académicos. La iniciativa, que forma parte del paquete de desregulación del Gobierno, propone eliminar o vaciar de contenido los límites actuales a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, habilitando en los hechos una extranjerización sin topes.
Entre los cambios más sensibles aparece la modificación del régimen de tierras rurales, que hoy establece un límite del 15% a la titularidad extranjera. El nuevo esquema desarma esas restricciones y concentra la regulación casi exclusivamente en los Estados extranjeros, dejando fuera del control a los grandes capitales privados internacionales, principales actores del mercado.
El impacto no se limita a la propiedad de la tierra. El proyecto también introduce cambios en normas ambientales clave, como la Ley de Manejo del Fuego, eliminando prohibiciones que impedían modificar el uso de suelos tras incendios. En la práctica, esto abre la puerta a desarrollos inmobiliarios o productivos en zonas que hasta ahora estaban protegidas.
Desde sectores críticos advierten que la iniciativa consolida un giro de fondo: el pasaje de un modelo con regulaciones sobre el uso y acceso al territorio a otro donde la lógica de mercado gana terreno casi sin restricciones. En ese marco, también se señalan riesgos sobre el acceso a recursos estratégicos como el agua, lagos y zonas con alto valor ambiental.
El trasfondo del debate excede lo técnico. La discusión vuelve a poner en el centro qué rol debe tener el Estado sobre la tierra y los bienes comunes en un contexto de apertura económica. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica, las críticas apuntan a una posible pérdida de control sobre recursos clave y a una mayor concentración en manos de grandes actores globales.
Más que una reforma legal, el proyecto expone una definición de época: hasta dónde llega el mercado y dónde empieza el interés colectivo. En un país atravesado por la crisis económica, la discusión sobre la tierra ya no es solo productiva: es, cada vez más, una disputa por soberanía.