Trabajadores del SMN ratificaron una medida de fuerza para este jueves en rechazo a los despidos y a los dichos de Sturzenegger. Habrá impacto en la operatoria aérea, aunque garantizan servicios mínimos
El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional escala y suma un nuevo capítulo: los trabajadores ratificaron un paro para este jueves 30 de abril, en respuesta a los despidos en el organismo y a las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, que defendió el recorte.
La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se da en medio de una fuerte disputa por la reducción de personal —que ya alcanza al menos 140 trabajadores y podría ampliarse— y por cambios en la estructura del organismo.
Desde el sector gremial denuncian un “desguace” del servicio y advierten que el recorte impacta directamente en la calidad de las tareas, incluyendo áreas sensibles como la aviación y el monitoreo climático.
El paro se realizará en la antesala del feriado por el Día del Trabajador y podría generar demoras y reprogramaciones de vuelos en todo el país, ya que el SMN cumple un rol clave en la provisión de información meteorológica para la navegación aérea.
Sin embargo, desde ATE aclararon que durante la jornada se mantendrán activos los protocolos de seguridad y emergencia, por lo que no se espera una paralización total del sistema, aunque sí complicaciones operativas.
El trasfondo del conflicto también es político. Los trabajadores cruzaron con dureza a Sturzenegger, cuyas declaraciones justificando los despidos fueron calificadas como “desinformadas” y peligrosas, en un contexto donde incluso se advierte por posibles vacíos de datos meteorológicos en distintas regiones del país.
En paralelo, el Gobierno ya había intentado frenar medidas anteriores e incluso llegó a declarar “ilegal” un paro previo, lo que profundizó la confrontación con los gremios.
Así, el conflicto en el Servicio Meteorológico deja de ser solo un reclamo sectorial y pasa a formar parte de una discusión más amplia: el alcance del ajuste estatal, el rol de los organismos técnicos y el límite entre eficiencia y riesgo operativo.
En ese cruce, lo que está en juego no es solo el empleo, sino también la capacidad del Estado para anticipar —y prevenir— escenarios críticos en un país cada vez más expuesto a eventos extremos.