Con el objetivo de reducir gastos para dibujar un mentiroso déficit fiscal cero, la Nación se va desentendiendo de sus obligaciones federales. Santa Fe aplaude, porque podrá reparar, por ejemplo, la A012 y los accesos a los puertos, pero deberá invertir $ 5.000 millones de su propio presupuesto
El Gobierno nacional oficializó un cambio de fondo en la política vial: dejar en manos de las provincias la gestión, el mantenimiento y la eventual mejora de rutas nacionales. La medida, instrumentada a través del decreto 253/2026, habilita a distritos como Santa Fe a hacerse cargo de corredores estratégicos mediante esquemas de concesión, en muchos casos con financiamiento a través de peajes. En los hechos, implica un corrimiento del Estado central de una responsabilidad histórica, trasladando costos y decisiones a las administraciones locales.
El nuevo esquema permite a la provincia licitar, adjudicar y administrar obras sobre rutas nacionales que atraviesan su territorio, aunque sin transferir la titularidad: la Nación conserva el dominio y el control general a través de la Dirección Nacional de Vialidad. La delegación, además, tiene un plazo máximo de 30 años y requiere la firma de convenios específicos que aún deben atravesar instancias burocráticas, lo que anticipa demoras en su implementación efectiva.
En Santa Fe, la prioridad está puesta en la ruta nacional A012, un corredor clave para el sistema logístico del Gran Rosario, especialmente por su conexión con los puertos agroexportadores. El gobierno provincial ya tiene listo un plan de contingencia para intervenir de manera urgente sobre la traza, con una inversión estimada en 5.000 millones de pesos destinada a bacheo, reparación de banquinas y mejora de la transitabilidad. Ese desembolso inicial saldrá íntegramente de las arcas provinciales.
Sin embargo, el punto más sensible del modelo es el financiamiento a largo plazo. La alternativa que gana terreno es la implementación de peajes o tasas específicas, con foco en el tránsito pesado. En concreto, se analiza el cobro de una tarifa unificada a los camiones que se dirigen a las terminales portuarias, un flujo constante que hoy genera fuerte desgaste sobre la infraestructura vial. La recaudación se distribuiría entre provincia y municipios para sostener obras y mantenimiento.
Este mecanismo introduce un cambio significativo: parte del costo logístico del sistema agroexportador podría trasladarse de manera directa al transporte de cargas, lo que eventualmente impactaría en la cadena de precios. Al mismo tiempo, consolida un esquema en el que las rutas nacionales dejan de financiarse con recursos generales del Estado para depender de quienes las utilizan, en particular en regiones de alta circulación como el cordón industrial del sur santafesino.
El gobierno provincial, por su parte, ve en la medida una oportunidad para avanzar en obras largamente postergadas, como la transformación de la A012 en un corredor más seguro y eficiente, con dobles calzadas, rotondas y nuevas trazas. Incluso proyecta la creación de un ente mixto con participación de municipios y privados para gestionar el sistema en el largo plazo. Pero ese margen de acción llega acompañado de una carga financiera considerable y de la necesidad de diseñar esquemas tarifarios que, lejos de ser neutros, tendrán impacto económico concreto.
Así, bajo la lógica del ajuste fiscal impulsado por la Casa Rosada, la reconfiguración del sistema vial deja una postal clara: la Nación se retira, las provincias asumen, y los usuarios —en especial los camiones que sostienen el corazón exportador del país— empiezan a pagar la cuenta.