Con deuda creciente, prestaciones recortadas y médicos en conflicto, el sistema entra en zona crítica. Apuntan al Gobierno por sostener el ajuste en uno de los sectores más sensibles
La crisis del PAMI dejó de ser un conflicto sectorial para convertirse en un problema sanitario de escala nacional. En las últimas semanas, médicos de cabecera, clínicas y prestadores encendieron señales de alarma ante un esquema de recortes y cambios en la modalidad de pago que —según denuncian— compromete la atención de millones de jubilados en todo el país.
El eje del conflicto está puesto en la fuerte reducción de ingresos para profesionales de la salud y en la implementación de un sistema de pago por cápita que fija montos mensuales sin contemplar la cantidad de consultas. Desde el sector advierten que esta modalidad no solo licúa ingresos, sino que desalienta la continuidad de los médicos dentro del sistema. “Nos obligan a renunciar”, fue una de las frases que sintetizó el malestar creciente.
A esto se suma una deuda acumulada con prestadores y demoras en los pagos que comienzan a impactar en la calidad y disponibilidad de servicios. Clínicas y centros de salud alertan sobre dificultades para sostener prestaciones, mientras crecen las quejas por demoras en turnos, interrupciones en tratamientos y trabas en el acceso a medicamentos.
En este contexto, las críticas apuntan directamente contra la política económica del Gobierno nacional. Distintos actores del sistema sostienen que el desfinanciamiento del PAMI es consecuencia del ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei y el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, en el marco de una estrategia más amplia de reducción del gasto público.
El deterioro del organismo se inscribe, además, en una serie de medidas recientes que incluyeron recortes en la cobertura de medicamentos y un endurecimiento de los requisitos para acceder a prestaciones gratuitas. Para los especialistas, estas decisiones no solo afectan a los afiliados, sino que trasladan presión al sistema público de salud, ya de por sí tensionado.
Con medidas de fuerza en evaluación, profesionales en retirada y prestadores al límite, el conflicto escala sin una resolución a la vista. En un país donde el PAMI representa la principal cobertura de salud para los adultos mayores, la crisis ya no es solo administrativa o financiera: empieza a configurarse como un problema político y social de alto impacto.