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Resistencia civil a la reforma de la ley de Glaciares, por el derecho al agua

Tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en un proceso viciado y a espaldas a la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para frenar este retroceso. La iniciativa ya sumaba 725.000 adhesiones en la noche de este viernes 10, y se estima que pasará el millón de firmas durante el fin de semana.

Cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares y fueron ignoradas. “Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, dando inicio a una nueva etapa en la defensa de las reservas hídricas del país.

Las organizaciones advierten que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua, para reafirmar la voluntad de la sociedad que ya expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.

Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y por lo tanto la vida de millones de argentinos y argentinas y los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial.

Para adherir la ciudadanía puede acceder al sitio web www.demandacolectivaglaciares.org y ser parte de la acción legal colectiva más grande en defensa del agua en la historia.

Amparo de La Pampa

El Gobierno de La Pampa presentó una acción de amparo colectivo ambiental contra la ley que modificó el régimen de protección de glaciares y solicitó su suspensión. El gobernador Sergio Ziliotto afirmó que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y remarcó que también vulnera el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. “Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación”, expresó.

El mandatario advirtió sobre las consecuencias para la provincia. “Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, señaló.

También planteó el vínculo entre los glaciares y el sistema hídrico provincial. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. A partir de esta ley va a haber menos agua”, proyectó.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y quedó acompañada por una medida cautelar para frenar la aplicación de la norma hasta que se resuelva su constitucionalidad.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo apunta contra el Estado Nacional y pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la ley sancionada por el Congreso.