El Parlamento aprobó una ley que impone la ejecución automática a palestinos condenados por matar israelíes. Denuncian un sistema judicial diferencial, sin equivalentes para ciudadanos israelíes, y alertan sobre un giro que tensiona al máximo el derecho internacional
En un movimiento que ya genera conmoción global, Israel aprobó una ley que establece la pena de muerte como castigo “por defecto” para palestinos de Cisjordania condenados por el asesinato de israelíes en ataques considerados terroristas. La medida, impulsada por el ala más dura del gobierno, no sólo endurece el sistema penal: redefine las reglas del conflicto bajo un esquema que muchos juristas califican directamente como discriminatorio.
La nueva legislación, votada en el Parlamento israelí con mayoría oficialista, ordena que los tribunales militares —que juzgan exclusivamente a palestinos en territorios ocupados— apliquen la pena capital mediante ahorcamiento, con ejecuciones previstas en un plazo de hasta 90 días. Además, introduce un cambio clave: ya no se requiere unanimidad judicial para dictar la sentencia.
El punto más explosivo no está solo en la pena en sí, sino en su carácter diferencial. Mientras los palestinos son juzgados por tribunales militares con este nuevo régimen obligatorio, los ciudadanos israelíes —incluidos colonos en los mismos territorios— continúan bajo jurisdicción civil, donde la cadena perpetua sigue siendo una opción. Ese doble estándar es, precisamente, el eje de las críticas.
Organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Israel, no tardaron en reaccionar: hablan de una ley “racista”, “draconiana” y contraria a los principios básicos del derecho internacional. Incluso aliados históricos de Israel en Europa expresaron su rechazo, advirtiendo que la medida vulnera normas fundamentales y profundiza la desigualdad jurídica en los territorios ocupados.
El trasfondo político tampoco es menor. La iniciativa fue promovida por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, referente de la ultraderecha israelí, y contó con el respaldo explícito del primer ministro Benjamin Netanyahu. Para sus impulsores, la norma busca reforzar la disuasión frente a ataques; para sus críticos, en cambio, consolida un régimen punitivo excepcional dirigido casi exclusivamente contra la población palestina.
Más allá del debate jurídico, lo que emerge es una pregunta incómoda: ¿puede un Estado democrático sostener un sistema penal con reglas distintas según la identidad de las personas juzgadas? La ley, en los hechos, instala esa lógica en uno de los escenarios más sensibles del planeta.
Y lo hace en un contexto ya marcado por la violencia, la ocupación y una creciente radicalización política. No es un detalle menor: Israel no aplicaba la pena de muerte desde 1962, cuando ejecutó al criminal nazi Adolf Eichmann. Este giro no sólo rompe con décadas de práctica, sino que abre una nueva etapa donde el castigo extremo deja de ser excepción para convertirse en norma.
La última palabra, sin embargo, podría no estar dicha. La Corte Suprema israelí aún puede revisar la ley, en medio de una presión internacional creciente y un conflicto que, lejos de encontrar salidas, suma ahora un nuevo factor de escalada.
Porque si algo deja en evidencia esta decisión es que el terreno ya no es sólo militar o territorial: también es jurídico. Y allí, las reglas del juego están cambiando —y no precisamente hacia un horizonte de mayor igualdad.