La medida fue dispuesta mediante decreto luego de que la Justicia ordenara la aplicación inmediata de la norma, sancionada por el Congreso y resistida por el Ejecutivo. Organizaciones del sector advierten que la reglamentación no reconoce plenamente derechos adquiridos ni resuelve el problema de fondo del financiamiento
El gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata, luego de meses de dilaciones y resistencias por parte del Poder Ejecutivo. La decisión fue formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, y responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.
El gobierno oficializó el pase de Discapacidad al Ministerio de Salud
La ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 y promulgada tras el rechazo al veto presidencial, había sido suspendida en su aplicación bajo el argumento de falta de financiamiento. Sin embargo, la Justicia declaró inválido el decreto que frenaba su implementación y ordenó la puesta en marcha inmediata del nuevo régimen de pensiones por discapacidad.
La reglamentación establece los criterios de acceso a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, define incompatibilidades, condiciones de permanencia, mecanismos de control y procedimientos administrativos. Además, dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo régimen, lo que implica un proceso de revisión y auditoría de los beneficios otorgados.
El decreto también incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y la faculta a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar criterios de evaluación socioeconómica y un plan de auditorías periódicas. Las medidas complementarias deberán implementarse mediante acuerdos de cooperación y cofinanciamiento con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante, desde organizaciones y referentes del sector cuestionaron el alcance de la reglamentación y advirtieron que el Ejecutivo avanzó de manera obligada, sin reconocer plenamente los derechos vulnerados durante el período de suspensión de la ley. También señalaron que el texto no garantiza de forma explícita el financiamiento necesario para sostener las prestaciones, uno de los principales reclamos de las personas con discapacidad y sus familias.
La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero y marca un nuevo capítulo en un conflicto que combinó tensiones políticas, reclamos sociales y definiciones judiciales en torno al derecho a la protección social de las personas con discapacidad.