El Gobierno aprobó la operación que había cuestionado por riesgo monopólico. Aunque impuso condiciones a Telecom, especialistas y sectores opositores advierten sobre el crecimiento del poder del Grupo Clarín en un mercado estratégico
Después de más de un año de idas y vueltas, el Gobierno nacional autorizó la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, la empresa controlada por el Grupo Clarín y el fondo Fintech. La decisión llega luego de que la propia administración de Javier Milei advirtiera en reiteradas ocasiones sobre el riesgo de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones.
La operación, valuada en 1.245 millones de dólares, había sido anunciada en febrero de 2025 y desde entonces quedó bajo análisis de los organismos de control. En aquel momento, la Casa Rosada llegó a sostener que la adquisición podía derivar en una situación cercana al monopolio, al concentrar cerca del 70 % de algunos segmentos del mercado de telecomunicaciones en manos de un mismo grupo económico.
Finalmente, el Gobierno optó por aprobar la transacción, aunque imponiendo una serie de condiciones. Entre ellas figura la obligación de que Telecom se desprenda de unos seis millones de clientes de telefonía móvil, reduzca su participación en determinados mercados de internet fija y devuelva parte del espectro radioeléctrico que administra.
La decisión generó lecturas contrapuestas. Desde sectores cercanos al oficialismo sostienen que las exigencias impuestas garantizan la competencia y evitan una posición dominante. Sin embargo, especialistas en comunicación y defensa de la competencia consideran que las condiciones podrían resultar insuficientes frente al volumen que alcanzará el conglomerado una vez concretada la integración.
Uno de los puntos más cuestionados es el cambio de postura del Gobierno. En febrero de 2025, cuando se anunció la compra, la administración Milei aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para evitar una concentración que afectara la libre competencia. Incluso suspendió preventivamente la operación mientras avanzaban las investigaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Ahora, con el aval oficial, la discusión se trasladó al terreno político. Diversos sectores interpretan la medida como una señal de acercamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín, luego de meses marcados por cruces públicos entre Milei y el principal multimedio del país. Otros sostienen que las fuertes exigencias impuestas a Telecom demuestran que la Casa Rosada mantuvo una posición firme frente a la empresa.
Lo cierto es que la resolución marca un punto de inflexión en uno de los negocios más importantes de los últimos años en Argentina. Con la salida definitiva de Telefónica del mercado local y la consolidación de Telecom como principal operador del país, vuelve a instalarse un debate histórico: hasta qué punto la concentración empresaria en sectores estratégicos puede afectar la competencia, la diversidad y el acceso de los usuarios a servicios esenciales de comunicación.