Los operativos se realizaron en barrio Banana, donde días atrás fue asesinado un agente de la Policía Federal. El Gobierno provincial destacó los resultados de la normativa impulsada para combatir el narcomenudeo
El Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes la inactivación de tres nuevos búnkeres utilizados para la venta de drogas en barrio Banana, en la zona oeste de Rosario. Los procedimientos se realizaron en el sector comprendido entre Gutemberg, avenida 27 de Febrero y Pasaje Gálvez, el mismo lugar donde la semana pasada fue asesinado un efectivo de la Policía Federal durante un operativo vinculado a investigaciones por narcotráfico.
Con estas intervenciones ya son 129 los puntos de venta de estupefacientes derribados o inactivados en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, una herramienta que permitió transferir a la Justicia provincial la investigación de la venta minorista de drogas y agilizar los procesos de actuación.
Los operativos fueron encabezados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una estrategia que busca desarticular estructuras vinculadas al narcomenudeo y recuperar territorios afectados por la violencia asociada a estas actividades ilícitas.
Durante el procedimiento, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, sostuvo que estos lugares «no son solamente puntos de venta de droga, sino también focos de violencia y muerte», y remarcó que la provincia continúa avanzando sobre organizaciones criminales mediante investigaciones y operativos coordinados.
Por su parte, el fiscal Franco Carbone explicó que los inmuebles intervenidos forman parte de las investigaciones abiertas tras el crimen del agente federal y otras causas vinculadas a grupos narcocriminales que operan en la zona. En los allanamientos se secuestraron drogas fraccionadas para la venta, armas de fuego, balanzas de precisión y elementos utilizados para el corte y distribución de estupefacientes.
Según detalló el funcionario judicial, a partir de las pruebas recolectadas se solicitó el cese del estado antijurídico de los inmuebles, una medida que impide que vuelvan a ser utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico. Además, confirmó que hay personas imputadas y con prisión preventiva en el marco de las investigaciones en curso.
Desde el Gobierno provincial señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina investigaciones judiciales, operativos policiales y la eliminación física de los puntos de venta de drogas, con el objetivo de reducir la violencia en los barrios más afectados por el accionar de organizaciones criminales.