El Gobierno prohibió el ingreso de periodistas acreditados y justificó la medida por “seguridad nacional”. Entidades periodísticas advierten sobre un hecho sin precedentes en democracia
En una decisión que generó un inmediato revuelo político y mediático, el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que no registra antecedentes recientes en la vida democrática.
La restricción incluyó la anulación del sistema de acceso mediante huellas dactilares y dejó afuera a unos 60 cronistas que cubren a diario la actividad oficial. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó de manera “preventiva” tras una denuncia por presunto espionaje ilegal vinculada a un informe televisivo.
Desde el área de comunicación del Gobierno argumentaron que el objetivo es “garantizar la seguridad nacional”, aunque no se precisó cuánto tiempo durará la medida ni bajo qué condiciones se restablecerá el acceso.
La decisión también implicó el cierre de la sala de prensa dentro de la sede gubernamental, lo que interrumpe el funcionamiento habitual del trabajo periodístico en Balcarce 50.
El episodio se da en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y los medios. Desde su asunción, Milei ha mantenido una relación conflictiva con el periodismo, con fuertes críticas públicas hacia distintos medios y periodistas.
Organizaciones del sector, como ADEPA, expresaron su “máxima preocupación” y señalaron que la medida afecta el acceso a la información pública y el normal funcionamiento institucional, al tratarse de una práctica histórica que nunca había sido interrumpida de manera generalizada.
Mientras tanto, periodistas afectados continuaron su trabajo desde las inmediaciones de la Casa Rosada, a la espera de una definición oficial que permita normalizar la cobertura.
Más allá de la explicación oficial, la decisión abre un debate de fondo sobre los límites entre la seguridad y el acceso a la información pública. En un sistema democrático, la presencia de periodistas en la sede de gobierno no es sólo una rutina administrativa, sino una garantía de control y transparencia.
En ese marco, la medida no sólo impacta en la dinámica diaria de la cobertura, sino que instala una discusión incómoda: hasta dónde puede avanzar el argumento de la seguridad sin tensionar —o incluso poner en riesgo— el ejercicio de la libertad de prensa.