Con el argumento de combatir el fraude, el oficialismo impulsa una reforma que endurece controles, restringe el acceso a pensiones y pone en riesgo políticas de inclusión conquistadas en los últimos años
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad que ya genera fuerte rechazo entre organizaciones, prestadores y sectores de la oposición. Bajo el título de “lucha contra el fraude”, la iniciativa propone una reforma estructural del sistema vigente, con un endurecimiento de los requisitos para acceder y mantener pensiones no contributivas.
Entre los puntos más sensibles aparece el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y la implementación de auditorías masivas mediante cruces de datos con organismos como ANSES, en busca de detectar supuestas irregularidades.
Pero el eje del conflicto no está sólo en el control, sino en el cambio de lógica del sistema: el proyecto plantea retroceder sobre el esquema establecido por la emergencia en discapacidad, una norma que había sido impulsada para garantizar prestaciones básicas en un contexto de crisis.
Menos derechos, más restricciones
Uno de los aspectos más cuestionados es la incompatibilidad entre pensión y trabajo formal. De avanzar la ley, una persona con discapacidad que consiga empleo registrado podría perder automáticamente el beneficio, lo que implica un golpe directo a las políticas de inclusión laboral.
Además, se eliminarían incentivos y programas destinados a promover la contratación en empresas, debilitando aún más un mercado laboral ya restrictivo para este colectivo.
En paralelo, prestadores advierten que el contexto actual —con pagos demorados y financiamiento incierto— ya está provocando suspensión de tratamientos, transporte y servicios esenciales, anticipando un escenario de mayor exclusión si la reforma prospera.
El trasfondo: ajuste y disputa por el modelo
La iniciativa se inscribe en una línea más amplia de la gestión libertaria: reducir el gasto público y revisar programas sociales bajo la premisa de eficiencia fiscal. Sin embargo, desde organizaciones del sector denuncian que el proyecto no distingue entre irregularidades y derechos adquiridos, y que podría dejar a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad.
La discusión, en el fondo, excede lo técnico: qué modelo de discapacidad se construye. Mientras la legislación reciente avanzaba hacia un enfoque de derechos —con inclusión social, laboral y acceso a prestaciones—, el nuevo proyecto vuelve a poner el eje en el control, la sospecha y la restricción.
Un debate que recién empieza
El texto ya ingresó al Congreso y promete un debate caliente. Organizaciones sociales, familias y prestadores anticipan movilizaciones, mientras crece la presión para frenar una ley que, según advierten, podría significar un retroceso histórico en materia de derechos.
El proyecto ya ingresó al Congreso y anticipa un debate cargado de tensión política y social. Organizaciones, prestadores y familias advierten que no se trata sólo de una reforma administrativa, sino de un cambio de paradigma que puede redefinir el lugar de las personas con discapacidad en la Argentina. En ese escenario, la discusión ya no gira únicamente en torno al control del gasto, sino al sentido mismo de las políticas públicas: si el Estado debe garantizar derechos o administrarlos bajo sospecha. El desenlace, con movilización en las calles y presión creciente, marcará hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno y cuánto está dispuesta a resistir la sociedad.