La decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes particulares dejó la investigación prácticamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por la escasa actividad del expediente. La oposición denunció un nuevo gesto de la denominada «familia judicial» en favor de Javier Milei y vinculó la resolución con el reciente nombramiento de la esposa del magistrado en un juzgado federal
Un giro que favorece al Presidente
Mientras millones de argentinos estaban pendientes del partido que debía disputar el Seleccionado Nacional por el Campeonato Mundial de Fútbol y la agenda pública giraba casi exclusivamente alrededor de este tema, la causa judicial que más compromete al presidente Javier Milei sufrió uno de los reveses más importantes desde que comenzó la investigación.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes particulares que representaban a un grupo de inversores damnificados por el colapso de la criptomoneda $LIBRA, el activo digital promocionado por el propio Milei en febrero de 2025. La decisión deja el expediente prácticamente en manos del fiscal Eduardo Taiano –cuya actuación viene siendo cuestionada por los denunciantes desde hace meses– y fue interpretada por legisladores, abogados y querellantes como un paso decisivo hacia la desarticulación de la causa.
La resolución fue adoptada a pedido de Mauricio Novelli –uno de los principales investigados por su rol como nexo entre el Presidente y los creadores del token–, quien sostuvo que quienes compraron la criptomoneda no fueron víctimas de una estafa sino de los riesgos propios de un mercado altamente especulativo.
Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo al considerar que las pérdidas económicas alegadas por los denunciantes no acreditan, por sí solas, el perjuicio directo exigido por la ley para intervenir como querellantes. También cuestionó que estuviera suficientemente demostrada la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas por los inversores.
La resolución ya fue apelada y será revisada por la Cámara Federal.
Las pruebas que comenzaron a cercar a Milei
El impacto de la decisión excede ampliamente una discusión procesal. Desde el inicio de la investigación, las querellas fueron quienes impulsaron buena parte de las medidas de prueba que permitieron reconstruir cómo se gestó el lanzamiento de $LIBRA y cuál fue el grado de participación del Presidente y de su entorno.
La investigación ya no gira únicamente alrededor del mensaje publicado por Milei en la red social X promocionando el token. Con el avance del expediente aparecieron reuniones previas entre el mandatario, Novelli y el empresario estadounidense Hayden Davis; registros de comunicaciones durante el lanzamiento; transferencias millonarias bajo investigación; movimientos de cajas de seguridad vinculadas a Novelli tras el estallido del escándalo y otras evidencias que ampliaron considerablemente el foco sobre la actuación del entorno presidencial.
Fueron precisamente las querellas las que promovieron muchas de esas medidas, insistieron con nuevas líneas de investigación y lograron incorporar pruebas que contradijeron la versión inicial del Presidente, quien había sostenido que únicamente había difundido el proyecto sin participar de su organización.
Su exclusión del expediente implica mucho más que una reducción de actores procesales. A partir de ahora ya no podrán solicitar nuevas pruebas, impulsar citaciones, apelar resoluciones ni ejercer el rol de contrapeso que mantuvieron frente a una fiscalía cuya actuación consideran insuficiente.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el centro de las acusaciones por favorecer a Milei en la causa $LIBRA
Taiano, el único impulsor de la investigación
Con la salida de los querellantes, la iniciativa investigativa queda prácticamente concentrada en el fiscal Eduardo Taiano. Ese punto fue uno de los principales ejes de las críticas.
El dirigente Juan Grabois sostuvo que la resolución significa «entregarle la llave de la causa» al fiscal y recordó que las querellas fueron las responsables de incorporar buena parte de la evidencia que permitió avanzar sobre la responsabilidad del Presidente.
En términos similares se expresó el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a Taiano de haber «planchado» causas sensibles y sostuvo que su actuación resulta «funcional al poder».
Para los denunciantes, el problema ya no pasa únicamente por la exclusión de las víctimas, sino porque la investigación queda prácticamente sin quienes, durante más de un año, impulsaron el expediente frente a una fiscalía que consideran renuente a profundizar las responsabilidades políticas.
Denuncias de un pacto de impunidad
La resolución generó una inmediata reacción de la oposición. Diputados nacionales de distintos bloques coincidieron en interpretar el fallo como un movimiento que fortalece la posición judicial de Milei.
Itai Hagman sostuvo que la resolución constituye «un aporte de campaña» desde un sector de la Justicia que busca encubrir una maniobra «totalmente comprobada». Paula Penacca habló directamente de una «mafia judicial» que garantiza impunidad, mientras que Esteban Paulón advirtió que la Justicia «prepara el terreno» para que el Presidente y su hermana Karina eviten consecuencias penales por el caso $LIBRA.
Las expresiones más duras apuntaron a un mismo diagnóstico: el expediente pierde a quienes más activamente investigaban y queda concentrado en funcionarios judiciales cuya actuación viene siendo cuestionada desde hace meses.
El nombramiento de la esposa del juez
Las críticas políticas encontraron un elemento adicional en un episodio reciente que volvió a poner bajo la lupa la relación entre el Gobierno y un sector del Poder Judicial.
Semanas atrás trascendió el avance del Poder Ejecutivo con la designación de Ana María Cristina Juan –esposa de Martínez de Giorgi– como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
Aunque no existe ninguna prueba que vincule ese nombramiento con las decisiones adoptadas en la causa $LIBRA, la coincidencia temporal fue inmediatamente señalada por dirigentes opositores como un hecho políticamente sugestivo.
Ana María Cristina Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, flamante jueza federal.
El diputado radical Pablo Juliano fue quien formuló la acusación más directa. Recordó que el Gobierno impulsó el nombramiento de la esposa del magistrado y sostuvo que, poco después, el juez resolvió apartar de la causa a los damnificados a pedido de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados del expediente.
La sucesión de ambos hechos reavivó las denuncias sobre un posible entramado de favores entre el Gobierno y la denominada «familia judicial», una expresión utilizada desde hace años para describir los vínculos de poder que atraviesan distintos sectores de la Justicia Federal.
Una causa en su momento más delicado
La resolución de Martínez de Giorgi no implica el cierre de la investigación ni un sobreseimiento para Milei o el resto de los imputados. Sin embargo, modifica de manera sustancial el escenario procesal de un expediente que constituye el mayor frente judicial abierto contra el Presidente desde el inicio de su gestión.
La Cámara Federal tendrá ahora la última palabra sobre la continuidad de las querellas. Pero, mientras esa definición llega, la investigación atraviesa uno de sus momentos más delicados: quienes aportaron las pruebas que comenzaron a comprometer al jefe de Estado quedaron afuera del proceso y el impulso de la causa descansa casi exclusivamente en un fiscal cuya actuación ha sido objeto de persistentes cuestionamientos.
Paradójicamente, el movimiento judicial se produjo cuando la atención pública estaba concentrada en los festejos por un nuevo campeonato mundial. Para la oposición, esa coincidencia terminó ofreciendo una imagen elocuente: mientras el país celebraba una conquista deportiva histórica, la causa que más preocupa al Gobierno daba un paso que, según denuncian, acerca el escenario de la impunidad.