El Gobierno nacional tiene cinco días para cumplir con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo alcanza la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización de becas, mientras la discusión por el Presupuesto 2027 vuelve a colocar a las universidades en el centro de la disputa por los recursos públicos
La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales ingresó en una nueva etapa. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Si el Gobierno no acredita el cumplimiento, el magistrado advirtió que podrá aplicar multas diarias por cada jornada de demora.
La resolución tiene una particularidad que excede el conflicto puntual entre el Ejecutivo y las universidades: la cautelar ya se encuentra firme. El juez consideró que la documentación presentada por el Estado no alcanzó para demostrar que la orden judicial hubiera sido cumplida de manera integral. Por eso estableció un nuevo plazo, esta vez perentorio, para que el Poder Ejecutivo avance con las obligaciones pendientes.
Los artículos alcanzados por la decisión judicial son centrales para el funcionamiento del sistema universitario. Allí se establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de programas de asistencia y becas para estudiantes. Según las estimaciones difundidas por el sistema universitario y los gremios, la recomposición salarial pendiente ronda el 31% desde diciembre de 2023, aunque el porcentaje concreto que deberá aplicarse forma parte de la discusión sobre la instrumentación de la norma.
Una disputa que ya tiene recorrido judicial
El conflicto no comenzó con esta intimación. La controversia se inició después de que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.795 mediante un decreto que condicionaba su implementación a la determinación de fuentes de financiamiento. Las universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional recurrieron entonces a la Justicia para reclamar su aplicación.
La cautelar dictada por Cormick en diciembre de 2025 fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones. En junio de este año, además, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, por lo que la medida quedó firme. El Gobierno sostuvo entretanto que el acuerdo alcanzado en junio con el CIN y las organizaciones gremiales permitía considerar atendidas sustancialmente las obligaciones previstas por la ley, una interpretación que no fue considerada suficiente por el juez para dar por cumplida la cautelar.
Ese acuerdo había contemplado, entre otros puntos, fondos para incrementar la masa salarial, una mejora de los gastos de funcionamiento y mayores recursos para hospitales universitarios, además de una actualización de las Becas Manuel Belgrano. Sin embargo, la discusión salarial continuó y la última negociación paritaria volvió a terminar sin acuerdo entre las partes.
Rosario queda otra vez en el centro de la escena
La resolución tiene una repercusión particular en Rosario porque uno de los principales actores institucionales de la causa es el Consejo Interuniversitario Nacional, presidido por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
Bartolacci calificó la decisión judicial como una “excelente noticia” y sostuvo que el CIN seguirá reclamando el cumplimiento integral de la ley. La posición de la conducción universitaria es que la cautelar se encuentra vigente y que el Estado debe ejecutar las obligaciones establecidas por la Justicia.
El propio rector explicó además que, de acuerdo con la interpretación del sistema universitario, el cumplimiento del fallo debería traducirse en una recomposición salarial superior al 30% para docentes y no docentes y en una actualización de las becas estudiantiles. Son cifras que permiten dimensionar el impacto económico de una disputa que hasta ahora había sido presentada principalmente como un conflicto presupuestario y político.
El fallo se cruza con el Presupuesto 2027
La intimación judicial llega, además, en un momento especialmente sensible. El Congreso comenzó a discutir el Presupuesto 2027 y el financiamiento de las universidades vuelve a formar parte de una discusión más amplia sobre cuáles serán las prioridades del gasto público nacional.
De este modo, el conflicto universitario transita por dos carriles simultáneos. Por un lado, está la discusión institucional y presupuestaria que deberá resolverse en el Congreso. Por otro, existe ahora una obligación judicial concreta, con un plazo de cinco días y la posibilidad de sanciones económicas si el Ejecutivo no acredita su cumplimiento.
La respuesta oficial durante los próximos días será, por eso, algo más que un trámite administrativo. Permitirá determinar si el Gobierno instrumenta la intimación judicial, qué alcance económico le asigna y cómo compatibiliza esas obligaciones con su estrategia presupuestaria.
Mientras tanto, el conflicto gremial continúa abierto. Las organizaciones universitarias vienen preparando nuevas medidas de fuerza y una marcha federal para octubre, en un escenario en el que la discusión por salarios, becas y presupuesto dejó de ser solamente una disputa sectorial para convertirse también en una pulseada institucional sobre el alcance de las decisiones del Congreso, del Poder Ejecutivo y de la Justicia.