El juez Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete deberá pedir permiso cada vez que pretenda viajar al exterior en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque el fiscal Gerardo Pollicita descartó la prisión preventiva, profundizó la investigación patrimonial tras detectar inconsistencias y ordenó nuevas medidas sobre inmuebles, operaciones con criptomonedas y movimientos financieros
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este viernes una nueva medida judicial. El juez federal Ariel Lijo resolvió prohibirle salir del país sin autorización previa, una restricción que lo obligará a informar cada viaje al exterior mientras continúa la pesquisa sobre la evolución de su patrimonio.
A partir de ahora, el exfuncionario deberá solicitar autorización judicial antes de abandonar la Argentina, informar el motivo del viaje, presentar los pasajes de regreso y comunicar formalmente su retorno al país. La decisión fue adoptada a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita y quedó incorporada al expediente como una medida de control sobre sus desplazamientos.
Si bien en los últimos días circularon versiones sobre una eventual radicación temporal de Adorni en Uruguay, el fiscal no fundamentó su pedido en la existencia de un riesgo concreto de fuga, sino en la conveniencia de que cualquier salida del país quede sujeta a autorización judicial mientras avanza una investigación que ingresa en una etapa clave.
Sin detención, pero con la investigación en marcha
En el mismo dictamen, Pollicita rechazó los pedidos de prisión preventiva formulados por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón. El fiscal sostuvo que no existen elementos objetivos que permitan justificar una medida de esa magnitud.
Según argumentó, Adorni posee domicilio conocido, bienes registrados en el país, un núcleo familiar estable y suficiente arraigo para descartar un riesgo concreto de fuga. También destacó que, desde el inicio del expediente, compareció a través de su defensa técnica y no existen evidencias de que haya intentado obstaculizar el desarrollo de la investigación.
Incluso descartó que los mensajes intercambiados con el contratista Matías Tabar –uno de los principales testigos de la causa– constituyeran una maniobra de entorpecimiento. A criterio del Ministerio Público, de esas conversaciones no surge que el exfuncionario haya procurado alterar pruebas ni influir sobre las declaraciones incorporadas al expediente.
El fiscal detectó inconsistencias patrimoniales
El rechazo de la prisión preventiva no significó un alivio para la situación procesal de Adorni. Por el contrario, Pollicita dejó expresamente asentado que persisten inconsistencias en la evolución de su patrimonio y que aún resta completar una serie de medidas de prueba antes de requerirle una explicación formal sobre el origen de sus bienes.
Ese punto aparece como uno de los aspectos centrales de la investigación. El Ministerio Público considera necesario reconstruir con precisión el circuito financiero del exfuncionario para determinar si la evolución de su patrimonio resulta compatible con los ingresos declarados durante los últimos años.
En ese marco, el fiscal ordenó una nueva batería de diligencias destinadas a profundizar el análisis patrimonial.
La lupa sobre inmuebles, criptomonedas y movimientos financieros
Entre las medidas dispuestas figura un nuevo requerimiento dirigido a la plataforma Binance para obtener el detalle de todos los ingresos de activos registrados en la cuenta atribuida a Adorni desde su apertura.
También solicitó ampliar la información remitida por Lemon, con el objetivo de reconstruir el historial completo de operaciones realizadas entre 2020 y 2022, incluyendo depósitos, retiros, compras y ventas de criptoactivos, conversiones, billeteras de origen y destino, saldos, tenencias y registros de operaciones en blockchain.
La investigación también avanzó sobre distintas propiedades vinculadas al patrimonio del exjefe de Gabinete. Pollicita requirió información al Gobierno porteño para determinar quién abonó las cuotas del ABL de los inmuebles bajo análisis y mediante qué mecanismos fueron efectuados esos pagos.
En paralelo, pidió nuevos informes a Mercado Libre para reconstruir operaciones comerciales incorporadas al expediente, entre ellas la compra de equipamiento cuyo destino y modalidad de pago también forman parte de la investigación.
Las propiedades y el testimonio del contratista
La causa se fue robusteciendo a partir de distintos elementos que pusieron bajo análisis el crecimiento patrimonial de Adorni y su grupo familiar.
Entre los bienes investigados figuran departamentos ubicados en Parque Chacabuco y Caballito, una vivienda en la ciudad de La Plata y la residencia que posee junto a su esposa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Fue precisamente la remodelación de esta última propiedad la que colocó al contratista Matías Tabar en el centro del expediente. El empresario declaró haber realizado trabajos por un monto cercano a los 245.000 dólares y aseguró que el exfuncionario abonó la totalidad de la obra en efectivo.
Posteriormente, al entregar su teléfono celular a la Justicia, surgieron conversaciones mantenidas con Adorni luego de que fuera citado como testigo. Si bien el fiscal concluyó que esos intercambios no constituyen una maniobra de entorpecimiento de la investigación, el contenido de esos mensajes quedó incorporado como uno de los elementos de análisis dentro del expediente.
Una etapa decisiva para la causa
La prohibición de salir del país sin autorización judicial constituye, hasta el momento, la medida cautelar más relevante adoptada contra Adorni en el marco de esta investigación.
Sin embargo, el foco del expediente continúa puesto sobre la reconstrucción de su patrimonio. Una vez incorporados los informes solicitados a organismos públicos, empresas y plataformas de intercambio de criptoactivos, el Ministerio Público evaluará si los ingresos declarados por el exfuncionario resultan compatibles con la evolución de sus bienes.
Si las respuestas no alcanzaran para despejar las inconsistencias detectadas, el fiscal podrá avanzar con una intimación formal para que Adorni justifique el origen de su patrimonio y, posteriormente, solicitar su citación a declaración indagatoria, un paso que marcaría el ingreso de la causa en una nueva instancia procesal.