El proyecto en debate redefine el equilibrio entre propiedad y derecho a la vivienda. Especialistas advierten que podría desarticular la integración sociourbana y profundizar tensiones en zonas donde conviven asentamientos y desarrollos inmobiliarios. En todo el país podría afectar a más de un millón de familias
La eventual aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional podría tener consecuencias directas en Rosario, donde existen barrios populares asentados en tierras en disputa y con alto valor urbano. El caso de Puerto Norte —con familias viviendo en un predio estratégico— aparece como uno de los ejemplos más visibles, a nivel local, de un escenario que podría multiplicarse si cambian las reglas vigentes. “Si se aprueba el proyecto, se habilita a que se inicien desalojos en villas y asentamientos de todo el país”, advirtió la directora de la ONG Hábitat para la Humanidad, Bárbara Bonelli, poniendo en riesgo la vivienda de 1.200.000 de todo el país
En el centro del debate está la Ley de Integración Sociourbana sancionada en 2018, durante el gobierno de Maurio Macri, que buscó dar respuesta a un problema estructural: el crecimiento sostenido de villas y asentamientos en las últimas décadas, muchas veces en terrenos sin servicios, con tenencia informal y fuera de la planificación estatal. Esa norma estableció un marco para regularizar la situación dominial de las familias, promoviendo su acceso progresivo a la propiedad formal mediante la expropiación de tierras —con compensación a los dueños— y la ejecución de obras de infraestructura básica.
El enfoque parte de una premisa: que la informalidad no es una elección individual sino la consecuencia de déficits históricos de políticas habitacionales y de planificación urbana. En ese sentido, la integración sociourbana no solo apunta a otorgar títulos de propiedad, sino también a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad —acceso a agua, electricidad, calles, transporte, salud y educación— como paso previo a la formalización.
Un millón 200 mil de familias en riesgo
El nuevo proyecto en discusión introduce cambios sustanciales sobre ese esquema. Entre ellos, elimina la declaración de utilidad pública de los terrenos ocupados —clave para habilitar expropiaciones— y pone fin a la suspensión de desalojos en barrios populares. Según advirtió la directora de Hábitat para la Humanidad Argentina, Bárbara Bonelli, esto podría interrumpir procesos en marcha y dejar expuestas a más de un millón de familias, al habilitar acciones judiciales para recuperar tierras incluso en casos donde el Estado ya había avanzado en registros, certificados de vivienda y mejoras urbanas.
En un reportaje en el diario La Nación, Bonelli señala que toda esa población entraría en riesgo porque la ley que se impulsa “termina con la suspensión de los desalojos” en los barrios populares. «Estamos hablando de 1.200.000 familias que viven en unos 6.500 barrios populares y, lo que es más preocupante, unos 2 millones de niños y niñas«.
Hasta el año pasado, Bonelli fue Defensora del Pueblo adjunta en la ciudad de Buenos Aires
La raíz del conflicto radica, precisamente, en la tensión entre dos derechos: por un lado, la propiedad privada de los titulares formales de la tierra; por otro, el derecho a la vivienda de quienes la ocupan desde hace años —en muchos casos, décadas— y han construido allí su hábitat ante la falta de alternativas. La ley vigente intentó mediar ese conflicto a través de mecanismos de compensación y regularización progresiva. El nuevo proyecto, en cambio, es interpretado por sectores sociales como un giro hacia una lógica de restitución más directa de la propiedad.
Puerto Norte en la mira
En Rosario, esa tensión se expresa con claridad en el predio de Puerto Norte, donde un centenar de familias residen en tierras del Estado nacional ubicadas en una zona de fuerte valorización inmobiliaria.
El caso de Puerto Norte sintetiza esa tensión. El predio de 3,6 hectáreas ubicado en avenida Francia, entre Caseros y Junín, pertenece al Estado nacional pero es objeto de disputa con un privado que reclama su titularidad. La zona, próxima a uno de los desarrollos urbanísticos más exclusivos de la ciudad, incrementó su valor en los últimos años, lo que reactivó el interés por su destino final y colocó a las familias residentes en una situación de incertidumbre.
A la espera de una resolución de la Corte Suprema, el futuro del terreno contempla distintas alternativas: desde su venta a inversores privados —con la obligación de relocalizar a los habitantes— hasta su cesión al municipio. Sin embargo, en un escenario donde avance una normativa que priorice la restitución plena de la propiedad, los márgenes para sostener procesos de urbanización e integración podrían reducirse.
De este modo, la discusión legislativa nacional no solo redefine el equilibrio entre propiedad privada y derecho a la vivienda, sino que también anticipa impactos concretos en ciudades como Rosario, donde cada decisión sobre el uso del suelo puede traducirse en conflictos sociales de alta visibilidad.