Un tribunal de Los Ángeles analiza si plataformas como Instagram o YouTube pueden ser legalmente responsables por la forma en que están diseñadas. El caso podría marcar un precedente para miles de demandas y cambiar la regulación de las tecnológicas en todo el mundo
Un tribunal de Los Ángeles analiza un caso que podría convertirse en uno de los desafíos legales más importantes que han enfrentado las grandes empresas tecnológicas. Por primera vez, un jurado estadounidense deberá determinar si el diseño de las redes sociales puede generar responsabilidad legal para las compañías, independientemente del contenido que publican los usuarios.
El proceso judicial fue impulsado por una joven californiana de 20 años identificada como KGM, quien demandó a varias plataformas digitales al considerar que sus mecanismos de funcionamiento fomentan un uso adictivo que afectó su salud mental.
Según la demanda, la joven comenzó a utilizar YouTube alrededor de los seis años y abrió una cuenta en Instagram a los nueve. En su testimonio sostiene que características como el botón de “me gusta”, los algoritmos de recomendación, el desplazamiento infinito de contenidos y la reproducción automática fueron diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos períodos.
De acuerdo con su presentación judicial, ese tipo de diseño contribuyó a generar adicción y derivó en problemas como depresión, ansiedad, dismorfia corporal —una percepción distorsionada de la propia imagen— y pensamientos suicidas.
Antes de que comenzara el juicio, TikTok y Snapchat alcanzaron acuerdos con la demandante por montos que no fueron revelados. De esta manera, las empresas que permanecen como acusadas en el proceso son Meta, propietaria de Instagram, y Google, dueña de YouTube. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró ante el jurado el 18 de febrero de 2026.
El caso tiene un alcance mucho mayor que la situación individual de la demandante. Fue elegido como caso de prueba dentro de un conjunto de litigios similares que involucran a aproximadamente 1.600 demandantes, entre ellos más de 350 familias y más de 250 distritos escolares de Estados Unidos.
Según explica el especialista en derecho tecnológico citado por The Conversation, este proceso podría generar un efecto dominó en el sistema judicial y en la regulación global de las plataformas digitales.
Un enfoque legal diferente
Durante años, las compañías tecnológicas se defendieron en los tribunales utilizando la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma que las protege de ser responsabilizadas por el contenido que publican sus usuarios.
Sin embargo, la estrategia legal de este caso es distinta. Los demandantes argumentan que el problema no radica en el contenido, sino en las decisiones de diseño y arquitectura de las plataformas.
Según esta teoría, funciones como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes o los sistemas de recompensa variable funcionan de manera similar a los mecanismos utilizados en las máquinas tragamonedas, diseñados para incentivar el uso compulsivo.
Por esa razón, los demandantes sostienen que las redes sociales deberían ser evaluadas bajo los mismos principios que cualquier producto comercial: si su diseño genera riesgos previsibles, las empresas podrían ser responsables por negligencia o defectos de producto.
La jueza Carolyn Kuhl, del Tribunal Superior de California, consideró que este argumento es jurídicamente válido y resolvió que el caso debía ser evaluado por un jurado.
Lo que sabían las empresas
Una parte central del juicio se basa en determinar si las compañías eran conscientes de los posibles efectos negativos de sus plataformas.
En ese punto cobran relevancia los llamados “Facebook Papers”, documentos internos filtrados en 2021 que mostraban que investigadores de Meta habían advertido sobre el impacto de Instagram en la autoestima y la salud mental de adolescentes.
Según información presentada en el proceso, algunas comunicaciones internas incluso comparaban los efectos de las plataformas con los de las drogas o el juego.
Los demandantes sostienen que esta evidencia demuestra que las empresas conocían los riesgos asociados al uso intensivo de sus productos y, aun así, mantuvieron los mismos diseños.
Un debate científico aún abierto
El vínculo entre redes sociales y salud mental continúa siendo objeto de debate científico. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) no clasifica el uso de redes sociales como una adicción formal.
Sin embargo, algunos investigadores advierten que, aunque el impacto promedio pueda ser moderado, ciertos grupos —especialmente adolescentes— podrían ser más vulnerables a sus efectos.
En términos legales, el punto clave no es si las redes sociales dañan a todos los usuarios por igual, sino si los diseñadores de las plataformas debían prever que determinadas características podrían afectar a jóvenes en etapas de desarrollo.
Un precedente con impacto global
El resultado del juicio podría influir en miles de casos similares y modificar la forma en que se regula el sector tecnológico.
El debate sobre el uso de redes sociales por menores ya se intensificó en los últimos años. Solo en 2025, veinte estados de Estados Unidos aprobaron leyes para regular el acceso de los menores a estas plataformas.
Medidas similares también se discuten o aplican en países como Reino Unido, Australia, Dinamarca, Francia y Brasil, donde se analizan restricciones que incluso podrían impedir el uso de redes sociales a menores de 16 años.
Para los especialistas, el juicio podría marcar un cambio de paradigma: considerar que las decisiones algorítmicas y de diseño también son decisiones de producto, y que las empresas tecnológicas podrían ser responsables por sus consecuencias.
Fuente: Carolina Rossini / Profesora de Práctica y Director del Programa Iniciativa de Tecnología de Interés Público, UMass Amherst
