Las modificaciones negociadas por el oficialismo y el rechazo sindical dominan una jornada clave para el futuro del mercado laboral argentino
El Senado de la Nación inició este miércoles 11 de febrero el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en un contexto de fuerte polarización política y protestas sindicales que se replican en distintas ciudades del país.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo logró un acuerdo con sectores aliados, gobernadores provinciales y la CGT para introducir 28 modificaciones al proyecto original con el objetivo de garantizar el respaldo necesario para su aprobación. Entre los cambios más significativos acordados está la eliminación de un artículo que proponía recortar el impuesto a las Ganancias, lo cual había generado fuertes críticas de mandatarios provinciales por el impacto fiscal en las coparticipaciones.
Desde el Estado se presentó este proyecto como una modernización del régimen laboral, con medidas orientadas a atraer inversiones, flexibilizar algunos aspectos del empleo y reducir la informalidad, aunque sin consenso total sobre los métodos y el alcance de las reformas.
Sin embargo, la propuesta enfrenta una oposición contundente de buena parte del movimiento obrero y sectores sociales, que advierten que los cambios podrían debilitar derechos laborales históricos y favorecer a los empleadores por sobre los trabajadores. Organizaciones sindicales, entre ellas la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera y las dos CTA, realizaron movilizaciones en Rosario y otras ciudades, advirtiendo a gobernadores y legisladores sobre los efectos que podría tener la aprobación de la reforma.
En Rosario, más de cien gremios participaron en marchas y actos previos al tratamiento parlamentario, reclamando su rechazo y señalando que la medida atentaría contra derechos consagrados en décadas de legislación laboral. A nivel nacional, las centrales convocaron a paros parciales y manifestaciones frente al Congreso en Buenos Aires, así como cortes y marchas que coinciden con el debate en la Cámara alta.
La discusión en el Senado se da en un clima de alta tensión política, con la posibilidad de que la reforma sea aprobada en primera instancia en la Cámara alta para luego seguir su curso legislativo en la Cámara de Diputados. La jornada de debate refleja un cruce profundo entre la agenda oficialista de cambios estructurales y la resistencia sindical y social que busca preservar los derechos laborales existentes.