La Cámara Federal porteña confirmó la exclusión de cinco damnificados que buscaban intervenir como querellantes en la causa por el lanzamiento y desplome del token promocionado por Javier Milei. El fallo, firmado por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi en el primer día de la nueva conformación de la Sala I, apunta a fortalecer la hipótesis de que se trató de una inversión de alto riesgo y no de una maniobra defraudatoria. Los afectados recurrirán a Casación, mientras el expediente queda con el impulso del fiscal Eduardo Taiano
La causa por el escándalo de $LIBRA sumó este viernes una nueva definición judicial que, sin cerrar la investigación ni determinar responsabilidades penales, representa un fuerte revés para quienes sostienen que detrás del desplome del criptoactivo pudo existir una maniobra deliberada para perjudicar a los inversores. En su primer día con la nueva conformación, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar del expediente a cinco inversores que pretendían continuar como querellantes. La resolución fue firmada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, recientemente ratificado en su cargo por el Gobierno de Javier Milei. El nuevo integrante de la Sala, Pablo Yadarola, no intervino en el fallo.
Los damnificados ya anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde esperan revertir la decisión. «Esperemos que la Cámara de Casación se comporte de otro modo», expresó uno de los inversores apartados, luego de ironizar sobre la oportunidad en que se produjo el fallo: «Hicieron los deberes bien hechos».
Dos hipótesis frente a frente
El eje de la resolución pasa por una cuestión procesal, pero sus fundamentos tienen consecuencias relevantes para la orientación que está tomando la investigación. Llorens y Bertuzzi consideraron que los inversores no pudieron demostrar cuál habría sido el engaño concreto que los llevó a comprar $LIBRA ni establecer de manera suficiente un vínculo directo entre ese supuesto ardid y las pérdidas sufridas.
Los camaristas plantearon así un enfrentamiento entre dos hipótesis. Por un lado, aparece la posibilidad de que los compradores hayan sido víctimas de un plan organizado desde sectores vinculados al Gobierno y a los desarrolladores del criptoactivo. Esa línea es especialmente relevante porque el presidente Javier Milei promocionó públicamente $LIBRA el 14 de febrero de 2025, cuando el token llegó a aproximarse a los cinco dólares antes de desplomarse hasta valer apenas unos centavos.
Por otro lado, el tribunal consideró que la evidencia reunida hasta el momento favorece la explicación de que los inversores ingresaron voluntariamente en un mercado caracterizado por una enorme volatilidad, escasa regulación y un elevado nivel de riesgo. «La prueba colectada hasta el presente en función de la actividad desarrollada por las partes del proceso resulta indicativa de que, al día de hoy, la primera hipótesis criminal se encuentra diluida», señalaron los camaristas.
Y agregaron que comparten el criterio de Martínez de Giorgi respecto de que la operación se desarrolló dentro de «un negocio de por sí volátil», con «ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo», condiciones que, según el tribunal, eran conocidas por quienes decidieron operar.
La diferencia entre perder dinero y ser víctima de una estafa
Uno de los puntos centrales del fallo consiste precisamente en diferenciar una inversión extremadamente riesgosa de una eventual estafa. Para los camaristas, que el precio de un activo se desplome no alcanza por sí mismo para demostrar la existencia de un delito. En esa línea, consideraron insuficientes expresiones como «insider trading», «lavado de prestigio», «calidad simulada» o «rug pull» si no están acompañadas por la identificación de un engaño concreto que haya determinado la decisión de cada inversor.
El razonamiento modifica sustancialmente la posición que habían conseguido los damnificados al comienzo del expediente. En aquella etapa habían sido reconocidos como querellantes, pero la Cámara recordó que aquella decisión se había tomado sobre la base de una investigación todavía incipiente y que, por lo tanto, no constituía cosa juzgada.
Para Llorens y Bertuzzi, el avance de una investigación puede modificar las hipótesis iniciales a medida que aparece nueva evidencia. En este caso, concluyeron que los elementos incorporados hasta ahora produjeron un «debilitamiento» de la teoría que vinculaba el desplome de $LIBRA con un plan organizado desde ámbitos gubernamentales y el grupo desarrollador.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, recientemente ratificado en la Cámara Federal por Javier Milei, y Mariano Llorens, quienes confirmaron la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA
Un golpe para los querellantes
La exclusión de los inversores no es un dato menor para el desarrollo del expediente. Con su salida, los damnificados pierden la posibilidad de impulsar medidas de prueba, formular acusaciones y participar activamente en el proceso en calidad de parte.
La estrategia para apartarlos había sido impulsada por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, uno de los principales imputados y señalado como una persona cercana a Milei. El planteo ya había recorrido distintas instancias e incluso había llegado a la Corte Suprema, que en diciembre pasado rechazó el intento de apartamiento de una de las querellas. Ahora, la estrategia de la defensa obtuvo finalmente el resultado buscado en la Cámara Federal.
Los dos grupos de querellantes que intervenían en el expediente –entre ellos el encabezado por Martín Romeo y el representado por el equipo jurídico del diputado Juan Grabois– quedaron afuera de la causa. La decisión de Martínez de Giorgi, adoptada el 3 de julio, necesitaba la confirmación de la Cámara para quedar firme en esta instancia.
El fiscal Taiano queda con el impulso de la causa
El nuevo escenario deja al fiscal Eduardo Taiano como principal responsable del impulso de la investigación. Su actuación ha sido cuestionada reiteradamente por quienes ejercían la querella, al punto de que se presentó un pedido para apartarlo del expediente, que finalmente fue rechazado.
Esto agrega otro elemento relevante a la discusión. La salida de los particulares que reclaman haber sido perjudicados reduce la cantidad de actores con capacidad de impulsar una investigación que todavía no determinó si existió una maniobra delictiva detrás del lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA.
La resolución de este viernes, de todos modos, no significa que la causa haya sido archivada ni que la Justicia haya establecido que no existió delito. Tampoco determina la responsabilidad penal de Milei, Novelli, Hayden Mark Davis u otros involucrados en la investigación.
Lo que los camaristas resolvieron es, estrictamente, que los cinco inversores que apelaron no demostraron –en el estado actual del expediente– tener la condición de víctimas directas de un delito que les permita actuar como querellantes.
La última palabra, por ahora, la tendrá Casación
La decisión puede ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, los abogados de los inversores buscarán recuperar el lugar que tenían dentro del expediente y cuestionarán los argumentos utilizados para sostener que las pérdidas obedecieron simplemente a los riesgos propios del mercado de las criptomonedas.
El resultado de esa instancia será especialmente relevante porque definirá si los damnificados recuperan capacidad de intervención en una investigación que todavía permanece abierta.
Por ahora, la Justicia federal porteña se inclina por una explicación que resulta favorable a los principales involucrados: los compradores habrían asumido voluntariamente los riesgos de un activo extremadamente volátil y no lograron demostrar que una falsedad concreta los hubiera llevado a desprenderse de su dinero.
El caso $LIBRA, sin embargo, está lejos de haber terminado. La promoción pública del token por parte del Presidente, sus vínculos con algunos de los protagonistas del negocio, el vertiginoso salto de la cotización y su posterior derrumbe siguen formando parte de una investigación penal que todavía debe establecer qué ocurrió, quiénes se beneficiaron y, fundamentalmente, si detrás de aquella operación hubo simplemente una apuesta especulativa que salió mal o una maniobra diseñada para que algunos ganaran mientras otros cargaban con las pérdidas.