El rechazo social a la expansión de la infraestructura que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial gana fuerza en Estados Unidos. Bloqueados 75 proyectos, valuados en unos 130.000 millones de dólares. Comunidades, legisladores y organizaciones ambientalistas cuestionan el elevado consumo de agua y energía, el impacto sobre las redes eléctricas y los escasos beneficios locales que dejan estos megaproyectos
El acelerado crecimiento de la inteligencia artificial abrió un nuevo frente de conflicto en Estados Unidos. La construcción de centros de datos, indispensables para sostener el procesamiento de los modelos de IA, enfrenta una resistencia cada vez mayor por parte de comunidades locales, organizaciones ambientalistas y gobiernos estatales preocupados por sus efectos sobre los recursos naturales y la infraestructura energética.
De acuerdo con un informe de Data Center Watch, durante el primer trimestre de 2026 al menos 75 proyectos, valuados en cerca de 130.000 millones de dólares, fueron demorados o bloqueados por la oposición ciudadana. La cifra prácticamente iguala el volumen de inversiones afectadas durante todo 2025 y refleja un cambio de escenario para una industria que hasta hace poco avanzaba con escasa resistencia.
Una infraestructura que divide a la sociedad
La expansión de estos complejos responde al crecimiento explosivo de la inteligencia artificial. Cada nueva generación de modelos requiere mayor capacidad de procesamiento, miles de servidores, enormes cantidades de electricidad y sistemas de refrigeración que consumen importantes volúmenes de agua.
Sin embargo, las comunidades donde se proyectan estas instalaciones sostienen que los beneficios económicos no compensan los costos ambientales y sociales.
Entre las principales preocupaciones aparecen el incremento del consumo eléctrico, la presión sobre las redes de distribución, el uso intensivo de agua, la contaminación sonora, la ocupación de grandes superficies y la escasa generación de empleo permanente una vez finalizadas las obras.
El fenómeno dejó de responder a divisiones ideológicas. Según Data Center Watch, los grupos organizados contra estos desarrollos pasaron de 396 a finales de 2025 a 833 en apenas tres meses, con presencia en 49 estados, una expansión que involucra tanto a comunidades tradicionalmente republicanas como demócratas.
El debate llegó a las legislaturas
La oposición ciudadana comenzó a trasladarse al plano político.
Durante los primeros meses del año se presentaron al menos 14 iniciativas legislativas estatales destinadas a revisar o limitar la construcción de nuevos centros de datos, mientras varios estados analizan establecer moratorias temporales para evaluar sus impactos.
Nueva York fue uno de los casos más recientes. Dos legisladoras demócratas impulsaron un proyecto para suspender durante tres años la aprobación de nuevos centros de datos mientras organismos estatales elaboran estudios sobre sus consecuencias ambientales y energéticas.
La iniciativa se suma a propuestas similares presentadas en Georgia, Maryland, Oklahoma, Vermont y Virginia, en algunos casos impulsadas por legisladores republicanos, lo que confirma el carácter transversal del debate.
Incluso el senador independiente Bernie Sanders pidió una moratoria nacional para analizar el crecimiento de una infraestructura que, según advirtió, no puede desarrollarse únicamente en beneficio de las grandes compañías tecnológicas.
El costo oculto de la inteligencia artificial
El debate expone una de las principales contradicciones del auge de la inteligencia artificial: detrás de aplicaciones cada vez más sofisticadas existe una infraestructura física con un elevado costo energético.
En Nueva York, por ejemplo, la demanda eléctrica asociada a nuevos proyectos ya supera los 10 gigavatios, el triple que un año atrás. Algunos desarrollos incluso se levantan sobre antiguas centrales termoeléctricas para aprovechar la infraestructura energética existente.
Las críticas también apuntan al impacto sobre las tarifas eléctricas. Una encuesta de Reuters/Ipsos mostró que solo un tercio de los estadounidenses respalda el ritmo actual de construcción de centros de datos, mientras que el 64 % considera que el crecimiento debería desacelerarse y el 77 % teme que estas instalaciones terminen encareciendo el servicio eléctrico.
Además, el 57 % de los consultados afirmó que no desea tener un centro de datos cerca de su lugar de residencia.
Ambientalistas y vecinos coordinan la resistencia
La oposición dejó de limitarse a protestas aisladas. Más de 200 organizaciones ambientalistas firmaron recientemente una declaración en la que califican la expansión de los centros de datos como «una de las mayores amenazas ambientales y sociales de nuestra generación».
En distintas ciudades, los vecinos comenzaron a organizarse incluso antes de que existan pedidos formales de construcción. En algunos casos, la sola circulación de versiones sobre futuros proyectos fue suficiente para impulsar campañas que derivaron en moratorias municipales o en la revisión de permisos.
Las tecnológicas intentan responder
Frente al creciente rechazo, las grandes empresas comenzaron a modificar su estrategia. Microsoft presentó recientemente una serie de compromisos para mejorar la relación con las comunidades donde desarrolla nuevos complejos, mientras la industria reconoce la necesidad de ofrecer mayor transparencia respecto del consumo energético, el uso de agua y los beneficios económicos que estos proyectos pueden generar.
Sin embargo, el conflicto parece lejos de resolverse. La expansión de la inteligencia artificial exige una infraestructura cada vez más grande y poderosa, pero esa carrera tecnológica comienza a chocar con un límite inesperado: la resistencia de las comunidades que deberán convivir con sus impactos. Lo que hasta hace poco era un debate estrictamente tecnológico se transformó en una discusión sobre recursos naturales, planificación urbana y el costo ambiental del desarrollo de la IA.