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Santilli concentra poder en la Casa Rosada y Milei apuesta a un perfil político para sostener su agenda

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete representa mucho más que el reemplazo de Manuel Adorni. Javier Milei decidió reorganizar el corazón político de su administración otorgándole al dirigente un amplio margen de maniobra para coordinar la gestión, negociar con las provincias y conducir la estrategia legislativa, en un momento en que el oficialismo necesita consolidar mayorías parlamentarias para avanzar con su programa de reformas.

Santilli conservará además el manejo del Ministerio del Interior, desde donde venía construyendo vínculos con gobernadores e intendentes. La decisión evita fragmentar el poder político dentro del gabinete y concentra en un solo funcionario las principales herramientas de negociación institucional del Gobierno nacional. Según trascendió desde la Casa Rosada, el nuevo jefe de Gabinete tendrá tres ejes de trabajo: coordinar la administración, fortalecer el diálogo con el Congreso y convertirse en uno de los principales voceros políticos del oficialismo.

Del escándalo a la reconstrucción

El cambio se produce apenas días después de la renuncia de Manuel Adorni, cuya permanencia se había vuelto insostenible tras las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque Milei defendió públicamente a su colaborador hasta último momento, el costo político terminó imponiéndose y obligó al Ejecutivo a rediseñar una de las áreas más sensibles del Gobierno.

La llegada de Santilli busca dejar atrás esa crisis y transmitir una imagen de mayor estabilidad. A diferencia de su antecesor, el nuevo jefe de Gabinete posee una extensa trayectoria política y una reconocida capacidad para construir acuerdos, una cualidad especialmente valorada por el Presidente en una etapa donde el oficialismo continúa sin mayorías propias en el Congreso.

Un cambio de perfil

El nombramiento también evidencia una evolución dentro del propio Gobierno. Durante los primeros meses de gestión, Milei priorizó funcionarios identificados con el perfil técnico o con una fuerte impronta ideológica. Con el paso del tiempo, y frente a la necesidad de convertir proyectos en leyes, comenzaron a ganar espacio dirigentes con mayor experiencia en la negociación política.

Santilli reúne esas características. Proveniente del PRO, con pasos por el gobierno porteño, el Congreso y el Ministerio del Interior, construyó relaciones con gobernadores, legisladores y referentes de distintos espacios. Esa red de contactos aparece hoy como uno de los principales activos que busca aprovechar la Casa Rosada para facilitar acuerdos legislativos y reducir tensiones con las provincias.

La negociación como prioridad

Entre los objetivos inmediatos del nuevo jefe de Gabinete figura avanzar en proyectos considerados prioritarios por el oficialismo, entre ellos la reforma política, nuevas iniciativas de desregulación económica y el tratamiento de leyes que requieren consensos con sectores aliados.

El hecho de conservar el vínculo con los gobernadores muestra que el Ejecutivo considera estratégica esa tarea. En un sistema federal como el argentino, buena parte de las decisiones del Congreso dependen de la posición que adopten los mandatarios provinciales y de la relación que mantengan con la Casa Rosada.

Un reacomodamiento con consecuencias políticas

La llegada de Santilli también consolida el creciente peso político del PRO dentro del esquema libertario y confirma que Milei continúa ampliando su base de sustentación con dirigentes provenientes de otros espacios. Lejos del discurso inicial que cuestionaba a «la casta», el oficialismo parece privilegiar ahora la experiencia de gestión y la capacidad de negociación como herramientas para sostener la gobernabilidad.

El desafío para Santilli será doble: coordinar un gabinete atravesado por distintos centros de poder y, al mismo tiempo, obtener los acuerdos políticos que permitan mantener en marcha la agenda de reformas del Presidente. Su desempeño será una de las variables que definan si el Gobierno logra transformar su fortaleza electoral en una mayor capacidad de construcción política dentro de las instituciones.