La Conferencia Episcopal volvió a tomar distancia del oficialismo y advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno podría favorecer la concentración y extranjerización de tierras estratégicas. El debate reabre una histórica discusión sobre el rol del Estado en la protección de los recursos naturales
La relación entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia Católica volvió a sumar un nuevo capítulo de tensión. Esta vez, el motivo fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el oficialismo y que actualmente se encuentra en debate parlamentario. Durante su exposición en el Senado, el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, en representación de la Conferencia Episcopal Argentina, sostuvo que la iniciativa «atenta contra la soberanía de nuestra tierra y el derecho de los pueblos a la autodeterminación», al considerar que debilita las herramientas del Estado para proteger recursos estratégicos y regular el uso del territorio.
La preocupación por la tierra y los recursos naturales
El principal cuestionamiento de la Iglesia apunta a que el proyecto elimina o flexibiliza diversas restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, incluyendo superficies vinculadas a reservas de agua, áreas de importancia ambiental y otros bienes considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Según los organismos eclesiales, la propuesta prioriza el derecho absoluto de propiedad por encima del interés colectivo y limita la capacidad del Estado para intervenir cuando están en juego recursos naturales esenciales.
En su planteo, los representantes de la Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen sostienen que la tierra no puede ser entendida únicamente como un bien económico, sino también como un patrimonio social, cultural y ambiental. Esa mirada incorpora además la preocupación por las comunidades rurales e indígenas, para quienes el territorio constituye un elemento central de su identidad y de sus formas de vida.
Un nuevo frente para el oficialismo
La intervención de la Iglesia no constituye un hecho aislado. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, distintos pronunciamientos del Episcopado marcaron diferencias con políticas vinculadas a la asistencia social, el financiamiento de programas comunitarios y el rol del Estado frente a los sectores más vulnerables.
Ahora, el debate se traslada al terreno de la propiedad de la tierra y los recursos naturales, un tema históricamente sensible en la Argentina. La advertencia de los obispos introduce además un argumento que trasciende las posiciones ideológicas tradicionales: la defensa de la soberanía nacional frente a una eventual mayor concentración o extranjerización de activos estratégicos.
Un debate que excede la propiedad privada
La discusión parlamentaria pone en tensión dos concepciones diferentes sobre el papel del Estado. Por un lado, el Gobierno sostiene que fortalecer las garantías sobre la propiedad privada genera mayor seguridad jurídica y favorece las inversiones. Por otro, quienes cuestionan la iniciativa advierten que una protección absoluta del derecho de propiedad podría limitar la capacidad estatal para planificar políticas territoriales, preservar recursos naturales o ejecutar obras de interés público.
Ese contrapunto no es nuevo en la política argentina, pero adquiere especial relevancia en un contexto de creciente interés internacional por recursos como el agua dulce, los minerales críticos y las tierras aptas para la producción de alimentos.
Una relación cada vez más distante
El nuevo pronunciamiento confirma que el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno atraviesa uno de sus momentos de mayor frialdad desde el inicio de la administración libertaria. Si bien el Episcopado evita una confrontación partidaria, sus intervenciones públicas muestran una creciente preocupación por el rumbo de algunas políticas oficiales y por sus posibles consecuencias sociales y territoriales.
Mientras el oficialismo insiste en profundizar un modelo basado en la desregulación y la reducción de la intervención estatal, la Iglesia plantea la necesidad de preservar el bien común y resguardar aquellos recursos que considera estratégicos para las futuras generaciones. Esa diferencia de enfoques anticipa que el debate sobre la propiedad privada y la soberanía probablemente trascienda el Congreso y continúe ocupando un lugar central en la discusión política nacional durante los próximos meses.