El Gobierno nacional habilitó la licitación del 68,83% de las acciones de Termoeléctrica José de San Martín, la sociedad que opera la central ubicada en Timbúes. La planta tiene una potencia instalada cercana a los 865 megavatios y forma parte de una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico y el corredor productivo del sur santafesino
El proceso de privatización de Energía Argentina (ENARSA) sumó este lunes un activo de peso dentro del mapa energético provincial. A través del Decreto 1107/2026, el Gobierno nacional autorizó la venta de la totalidad de las acciones que la empresa estatal posee en Termoeléctrica José de San Martín S.A., equivalentes al 68,83% del capital de la sociedad que opera la central de Timbúes. La operación deberá concretarse mediante una licitación pública nacional e internacional.
La central cuenta con una potencia instalada cercana a los 865 megavatios y está integrada al Sistema Argentino de Interconexión. Su ubicación en el corredor industrial y portuario del sur provincial le otorga además una importancia que excede la generación eléctrica: la disponibilidad de energía es un componente central para las actividades industriales y productivas de una región que concentra buena parte del movimiento económico santafesino.
La participación estatal tiene una historia relativamente reciente. En 2021, las acciones que estaban en manos del Estado nacional fueron transferidas a la entonces Integración Energética Argentina, actualmente ENARSA, que pasó a controlar el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín. El resto permanece en manos de agentes privados que habían participado del esquema de financiamiento utilizado para construir la planta.
La central surgió de un esquema de inversión diseñado hace dos décadas para ampliar la oferta de generación eléctrica. En 2005 se constituyó la sociedad y al año siguiente se creó un fideicomiso destinado a financiar y administrar la construcción y operación de la usina hasta su habilitación comercial. Este recorrido explica por qué la decisión actual no consiste simplemente en transferir una planta estatal, sino en desprenderse de una participación accionaria dentro de una sociedad en la que ya existen otros propietarios.
El paso dispuesto ahora tampoco significa que la central haya cambiado de manos. El decreto habilita el procedimiento para la venta y establece que el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberán instrumentar la licitación. Todavía no fueron definidos públicamente el precio de referencia ni la fecha de apertura de ofertas. Los futuros pliegos, además, deberán contemplar los derechos de preferencia establecidos para los restantes accionistas.
La decisión forma parte de una segunda etapa de la privatización de ENARSA, incluida entre las empresas sujetas a transformación por la Ley de Bases. El mismo decreto autoriza la venta de la participación del 65,01% que la compañía estatal posee en la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, mientras que la situación de la Central Guillermo Brown quedará para una instancia posterior.
Para Santa Fe, el dato relevante es que uno de los principales activos de generación instalados en su territorio entra en un proceso que modificará la composición accionaria de la empresa que lo opera. El desafío hacia adelante estará en cómo se instrumente la licitación y, especialmente, qué impacto tenga el cambio de control sobre las inversiones, la operación de la central y la disponibilidad de energía para una zona donde la infraestructura eléctrica está estrechamente vinculada con el desarrollo industrial y productivo.