Aunque el Gobierno se presenta como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES aumentó fuerte sus inversiones en bancos y energéticas. En la City ya hablan de una estrategia para apuntalar acciones privadas, financiar crédito y sostener el mercado con recursos públicos
El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, avanza ahora con una estrategia que genera ruido incluso entre economistas cercanos al oficialismo: utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para comprar acciones de grandes empresas, financiar crédito y empujar sectores clave de la economía.
La movida, impulsada desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, es presentada oficialmente como parte de un plan para “reactivar” el empleo, el consumo y la inversión sin emitir más pesos. Pero detrás de ese discurso aparece otro dato: el Estado volvió a convertirse en un actor central dentro del mercado financiero y empresarial argentino.
En los últimos meses, el FGS incrementó fuertemente su participación en algunas de las principales compañías del país. Según las presentaciones realizadas ante la SEC de Estados Unidos, la ANSES pasó de tener el 16,8% al 22,5% en Grupo Galicia; del 28,8% al 30% en Banco Macro; del 3,3% al 8% en ByMA; del 5,3% al 9,2% en Loma Negra; del 24% al 25% en TGS; y del 1,4% al 8% en YPF.
Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, el FGS compró acciones por unos 1.426 millones de dólares. Más de la mitad de esas adquisiciones se concentró en YPF y otro 27% en Galicia. El resto se distribuyó entre compañías energéticas, bancos y empresas ligadas al mercado financiero.
Así, el Estado nacional pasó a reforzar posiciones en sectores que el propio mercado considera estratégicos para un eventual ciclo exportador: energía, bancos y utilities. Hoy, por ejemplo, las tenencias del FGS en Galicia están valuadas en unos 1.507 millones de dólares; en Banco Macro, 1.415 millones; en YPF, 1.362 millones; y en TGS, 1.206 millones.
Un “Estado empresario” en versión libertaria
La contradicción política resulta evidente. Milei construyó buena parte de su carrera denunciando el “estatismo”, cuestionando el uso de fondos públicos para intervenir en empresas privadas y atacando especialmente el modelo económico del kirchnerismo. Sin embargo, la actual estrategia del Gobierno se parece, en varios aspectos, a las políticas que aplicaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner tras la estatización de las AFJP.
De hecho, el FGS fue creado en 2007 y se expandió luego de la eliminación del sistema privado de jubilaciones en 2008, precisamente para que el Estado pudiera administrar activos financieros, intervenir en empresas y financiar políticas económicas.
Ahora, aunque con otro discurso ideológico, el Gobierno libertario vuelve a usar esa misma herramienta.
En las mesas financieras incluso admiten que el objetivo no sería solamente “reactivar” la economía, sino también sostener la valorización de determinadas compañías privadas. Algunos operadores hablan directamente de darle “bid” al mercado: es decir, garantizar demanda para que las acciones no caigan y continúen subiendo.
En Wall Street circula además otra interpretación: que el Estado está comprando acciones baratas hoy para venderlas más adelante a mejor precio, en una especie de “estrategia de salida” diseñada de antemano. Según esa lógica, el FGS actuaría como un gran jugador financiero utilizando recursos previsionales para apuntalar negocios privados y preparar futuras operaciones de venta.
Créditos, construcción y financiamiento empresario
La discusión dentro del oficialismo gira ahora sobre cómo utilizar esos fondos. Economistas como Martín Redrado y Miguel Kiguel propusieron usar parte de los cerca de 70.000 millones de dólares que administra el FGS para financiar créditos hipotecarios, construcción y préstamos para PyMEs.
La idea que analiza el equipo económico es que el fondo funcione como respaldo para movilizar crédito privado sin recurrir a emisión monetaria. Entre las alternativas aparecen la compra de carteras hipotecarias, el financiamiento de proyectos privados y el apoyo al mercado de obligaciones negociables de empresas.
En otras palabras, el Estado volvería a ocupar un rol decisivo como motor financiero de la economía.
Mientras tanto, el propio Gobierno eliminó mediante el DNU 1039/2024 los mecanismos que permitían al FGS otorgar créditos directos a jubilados y beneficiarios de ANSES, argumentando que esos programas generaban distorsiones y pérdidas.
El resultado es una paradoja difícil de ocultar: la administración libertaria desarmó herramientas de financiamiento social, pero al mismo tiempo fortaleció el uso del fondo estatal para intervenir en el mercado, sostener empresas y apuntalar el sistema financiero.
Con un detalle adicional: todo esto ocurre mientras el Gobierno insiste públicamente en que el Estado no debe intervenir en la economía.