La gestión de Javier Milei presentó el llamado “Gemelo Digital Social”, una plataforma que unificará información de millones de argentinos para anticipar conductas y diseñar políticas públicas. Especialistas advierten sobre los riesgos de control social, la falta de transparencia y los vínculos del oficialismo con el magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de Palantir, una empresa asociada a sistemas de vigilancia e inteligencia
El gobierno de Javier Milei anunció con tono futurista la creación del “Gemelo Digital Social”, una plataforma basada en inteligencia artificial que buscará procesar enormes volúmenes de datos personales para modelar conductas sociales, anticipar escenarios y definir políticas públicas.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, como un supuesto salto tecnológico hacia un “Estado predictivo”. Sin embargo, detrás del discurso sobre eficiencia y modernización aparecen preguntas inquietantes: quién controlará la información, qué empresas accederán a esos datos y hasta dónde puede avanzar un gobierno con una herramienta capaz de perfilar digitalmente a toda la población.
Un Estado que observa y clasifica
El video oficial difundido por el Gobierno sostiene que el sistema permitirá “integrar información de múltiples fuentes” para “simular, anticipar y optimizar políticas públicas”. En otras palabras: centralizar datos estatales y analizarlos mediante inteligencia artificial para predecir comportamientos sociales.
Especialistas en tecnopolítica y derechos digitales advierten que el esquema se asemeja a modelos de “social scoring”, sistemas utilizados para clasificar personas según patrones de conducta, consumo o situación económica. Esos mecanismos permiten luego definir prioridades en el acceso a beneficios, asistencia estatal o servicios.
La preocupación crece porque el Gobierno nunca precisó qué bases de datos serán utilizadas ni cuáles serán los límites del sistema. Historias clínicas, ingresos, patrimonio, educación, antecedentes judiciales, consumos o actividad digital podrían terminar integrados en una única plataforma bajo administración estatal.
En un país con antecedentes de filtraciones y débil infraestructura de ciberseguridad, el riesgo de concentración de datos sensibles aparece como uno de los puntos más críticos del proyecto.
La sombra de Peter Thiel y Palantir
Otro de los focos de alarma gira alrededor de Peter Thiel, empresario multimillonario cercano al trumpismo y fundador de Palantir Technologies, una de las compañías más cuestionadas del mundo por el desarrollo de sistemas de vigilancia masiva y procesamiento de información para agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad.
Aunque el Gobierno no confirmó oficialmente la participación de Palantir en el proyecto, distintas voces señalan que el desembarco de Thiel en la Argentina y sus reuniones recientes con Milei, funcionarios económicos y empresarios tecnológicos no serían casuales.
Palantir desarrolla precisamente herramientas de “gemelos digitales” y plataformas capaces de cruzar información de millones de personas para detectar patrones, perfilar individuos y asistir decisiones estatales.
La empresa mantiene contratos con organismos vinculados a la inteligencia estadounidense y con agencias migratorias que utilizan sus sistemas para rastrear y deportar personas. Sus críticos la señalan como uno de los emblemas del llamado “capitalismo de vigilancia”.
Tecnología sin controles
Uno de los aspectos más cuestionados del anuncio oficial es la opacidad. El Gobierno no informó qué compañías desarrollarán la plataforma, dónde estarán alojados los datos ni bajo qué legislación se protegerá la información recolectada.
Tampoco explicó si los datos permanecerán en servidores nacionales o si podrán ser procesados por empresas privadas extranjeras.
La situación genera preocupación adicional porque la legislación argentina sobre protección de datos personales tiene más de dos décadas y no contempla escenarios de inteligencia artificial, perfilado automatizado ni sistemas predictivos de esta escala.
Especialistas recuerdan además que recientemente la Corte Suprema estableció límites al intercambio indiscriminado de datos personales entre organismos estatales, justamente para evitar usos arbitrarios de información sensible.
El discurso de la modernización y el riesgo de vigilancia
El oficialismo presenta el “Gemelo Digital Social” como una herramienta para “anticipar necesidades” y mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, detrás de esa narrativa tecnológica aparece un debate más profundo: cuánto poder puede concentrar un Estado que monitorea permanentemente información social, económica y personal de sus ciudadanos.
La experiencia internacional muestra que sistemas similares fueron utilizados en algunos países para profundizar mecanismos de control, segmentación y vigilancia sobre la población.
Mientras el Gobierno celebra la llegada de una supuesta revolución tecnológica, crecen las advertencias sobre un escenario donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta administrativa para convertirse en un mecanismo de supervisión social masiva.
La paradoja es que el mismo Gobierno que promete políticas “basadas en evidencia” avanza sobre universidades y organismos científicos públicos —como el Conicet— que históricamente produjeron información y conocimiento para diseñar políticas estatales, mientras abre la puerta a corporaciones tecnológicas privadas con antecedentes polémicos en el manejo de datos y vigilancia.