La Provincia volvió a exigir que el sistema SUBE se implemente en la totalidad del transporte interurbano santafesino. Sostiene que uno de cada cuatro pasajeros no puede acceder al beneficio de la tarifa social por utilizar empresas que aún no operan con ese sistema, una situación que profundiza las desigualdades entre regiones y reabre el debate por el financiamiento del transporte público
El Gobierno de Santa Fe renovó su reclamo al Ejecutivo nacional para que extienda el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a todas las empresas de transporte interurbano que prestan servicios en la provincia. La demanda apunta a resolver una situación que, según datos oficiales, afecta a cerca del 25 % de los usuarios, quienes hoy no pueden acceder a la Tarifa Social Federal simplemente porque la empresa con la que viajan todavía no está incorporada a la red SUBE.
Desde la administración provincial sostienen que el problema excede una cuestión tecnológica y se transformó en un factor de inequidad. Mientras algunos pasajeros pueden pagar apenas el 45 % del valor del boleto gracias al subsidio nacional, otros con idénticas condiciones sociales deben afrontar el costo completo porque utilizan líneas que permanecen fuera del sistema.
Una brecha que persiste dentro de la provincia
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, explicó que actualmente alrededor de 30 de las 40 empresas interurbanas santafesinas todavía no operan con SUBE. Esa situación deja sin cobertura a miles de jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, estudiantes del programa Progresar, trabajadoras de casas particulares y otros sectores alcanzados por la tarifa social.
El Gobierno provincial sostiene que la mayor concentración de viajes en las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe permitió avanzar con la implementación del sistema en esos corredores, pero el resto del territorio continúa presentando importantes diferencias. Como consecuencia, el acceso al beneficio depende más de la empresa elegida o del recorrido realizado que de la situación socioeconómica del pasajero.
El impacto del retiro de los subsidios nacionales
El reclamo también se inscribe en una discusión más amplia sobre la política de transporte aplicada desde el Gobierno nacional. Desde principios de 2024 dejaron de distribuirse los subsidios nacionales destinados a sostener el transporte urbano e interurbano del interior del país, mientras que la Tarifa Social Federal quedó como uno de los pocos mecanismos de asistencia vigentes.
En ese contexto, Santa Fe sostiene que la falta de expansión de la red SUBE agrava aún más las diferencias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias, pero también genera desigualdades dentro del propio territorio santafesino.
A ello se suma otra preocupación expresada por las autoridades provinciales: el congelamiento del aporte nacional destinado a financiar la tarifa social. Según advirtieron, si las tarifas continúan aumentando y la contribución nacional permanece fija, una parte creciente del costo terminará siendo absorbida por los usuarios beneficiarios.
Un reclamo con fuerte contenido político
Más allá del aspecto operativo, la Provincia busca instalar nuevamente el debate sobre la distribución de los recursos vinculados al transporte público. Funcionarios santafesinos recuerdan que los usuarios del interior también aportan al financiamiento nacional mediante el impuesto a los combustibles, aunque consideran que esos recursos no regresan en una proporción equivalente para sostener los servicios locales.
En un escenario donde el costo del transporte representa una porción cada vez mayor del presupuesto familiar, la incorporación de todas las empresas interurbanas al sistema SUBE aparece para el Gobierno santafesino como una medida de aplicación inmediata que permitiría reducir las inequidades entre pasajeros y garantizar que el acceso a la tarifa social no dependa del recorrido que cada usuario necesita realizar.