El Gobierno impulsa la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La oposición advierte sobre el riesgo de una extranjerización del territorio y reclama un debate más amplio sobre recursos estratégicos
El Senado de la Nación abrió este miércoles uno de los debates más sensibles de la agenda política y económica: la reforma de la Ley de Tierras, una norma sancionada en 2011 que fijó límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. El proyecto impulsado por el oficialismo propone eliminar esas restricciones y habilitar un régimen mucho más flexible para la compra de tierras rurales, en línea con la estrategia de desregulación promovida por el presidente Javier Milei.
La iniciativa fue tratada en una sesión que también incluyó cambios en la Ley de Manejo del Fuego, otro punto que generó fuertes cuestionamientos por parte de bloques opositores y organizaciones ambientales.
La ley vigente establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país, y fija además restricciones por provincia y municipio. También impide que un mismo titular extranjero concentre grandes extensiones en una misma zona y prohíbe la compra de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura.
El proyecto oficial elimina esos topes y deja sin efecto los mecanismos de control creados para registrar y monitorear la propiedad rural extranjera. Para la Casa Rosada, las restricciones actuales desincentivan inversiones y generan trabas burocráticas que afectan el desarrollo del sector agropecuario y de otras actividades vinculadas a los recursos naturales.
La oposición pone el foco en la soberanía
Los bloques opositores cuestionaron el proyecto por considerar que la tierra no puede ser tratada como un bien económico más. Senadores de Unión por la Patria y de otros espacios provinciales advirtieron que la eliminación de límites podría acelerar un proceso de extranjerización de áreas estratégicas, especialmente en regiones con reservas de agua, minerales, bosques y potencial energético.
El argumento central es que la discusión excede al mercado inmobiliario rural y se vincula con el control de recursos considerados críticos para el futuro económico y geopolítico del país. En ese marco, varios legisladores reclamaron que cualquier modificación sea acompañada por estudios de impacto y por una política nacional de ordenamiento territorial.
El antecedente de 2011
La Ley 26.737 fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo declarado de preservar la titularidad nacional de la tierra rural. En aquel momento se tomó como referencia legislación comparada de países que también imponen restricciones a la propiedad extranjera de tierras agrícolas o de frontera.
Desde entonces, el debate reaparece periódicamente cada vez que se discuten inversiones de gran escala en la Patagonia, el Litoral o el Norte argentino. La novedad es que, por primera vez, un gobierno propone desmontar integralmente el esquema de límites, en lugar de modificar aspectos puntuales de su aplicación.
Manejo del fuego y otra polémica
La sesión incluyó además el tratamiento de cambios en la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente prohíbe por varias décadas la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El oficialismo sostiene que esas restricciones desalientan la recuperación productiva de los campos incendiados, mientras que la oposición y entidades ambientalistas temen que se facilite la especulación inmobiliaria y el avance sobre zonas degradadas.
Un debate que trasciende la coyuntura
Más allá del resultado parlamentario, la discusión volvió a colocar en el centro una pregunta de fondo: qué grado de control debe conservar el Estado sobre la tierra y los recursos estratégicos en un contexto de apertura económica.
El Gobierno plantea que atraer capitales requiere eliminar restricciones y dar señales de previsibilidad a los inversores. La oposición responde que la inversión extranjera puede convivir con límites destinados a proteger el territorio y evitar concentraciones que condicionen decisiones futuras sobre agua, alimentos, energía y ambiente.
Con ese telón de fondo, el Senado no solo debate una reforma legal. Debate, en términos políticos, el alcance de la soberanía económica sobre uno de los activos más sensibles de la Argentina: su territorio rural.